Un informe del Gobierno plantea reformar el Código Penal para perseguir lo que considere bulos

El Gobierno busca propuestas para su plan contra la «desinformación» y los medios críticos que publican informaciones sensibles contra el presidente y su entorno. Un ejemplo es el informe elaborado por el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación, un grupo de expertos constituido bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. Se define como un «espacio de colaboración entre instituciones públicas y sociedad civil, sector privado y academia» para «impulsar la generación e intercambio de conocimiento sobre el riesgo que la desinformación supone para nuestro Estado democrático y de Derecho y fomentar el debate sobre los mecanismos disponibles para afrontarlas».

Entre algunas de sus últimas iniciativas, se plantea una reforma del Código Penal, en concreto del artículo 510 relativo a los delitos de odio, para «incluir la persecución penal de la difusión pública y maliciosa de contenidos manifiestamente falsos».

«En este sentido, debería valorarse la posibilidad de abrir el debate jurídico, sin prejuzgar un resultado concreto, tanto a nivel nacional como europeo, sobre la oportunidad desde una perspectiva de política criminal de crear nuevo tipo delictivo específico, con todas las cautelas y limitaciones apuntadas, para perseguir penalmente aquellos comportamientos en los que, de manera concertada y coordinada, con manifiesto y consciente desprecio a la verdad se difunden públicamente contenidos falsos o deliberadamente manipulados en los que su autor se representa o pueda representarse razonablemente que de sus publicaciones se van a generar entre la población reacciones de odio, hostilidad, violencia o discriminación, humillación o menosprecio contra personas o grupos por motivos discriminatorios».

En el dosier se destaca que «existen verdaderas dificultades para incluir la conducta consistente en difusión de bulos» como delito en el actual Código Penal. Por ello, concluyen, «la redacción del nuevo delito debería limitarse a los supuestos de intencionalidad directa de la acción de expandir bulos o de llevar a cabo la acción con dolo eventual o culpa consciente para no dejar atípica ninguna conducta».

«No obstante», se matiza también, «no se deben usar herramientas excesivas en la respuesta sancionatoria ni en la posible amenaza a los propios valores defendidos. Una respuesta colaborativa y graduada parece mucho más aconsejable».

«Se debería poder acudir a la vía administrativa para los hechos que no sean graves y que no supongan una puesta en peligro del colectivo al que atacan». Para ello, «es necesario mejorar en la regulación y aplicación del régimen administrativo sancionador y en la posibilidad de cesión de datos de tráfico para procedimientos administrativos sancionadores y civiles de vulneración del derecho al honor, intimidad o propia imagen, así como en la coordinación entre instituciones estatales y autonómicas para garantizar la efectiva imposición de sanciones y evitar su prescripción».

Este foro, creado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y con el sello del Ministerio de la Presidencia, elabora anualmente un informe en el que analiza el escenario informativo y propone medidas para frenar el fenómeno de la difusión de noticias falsas o malintencionadas.

En esta ocasión, el informe se presenta en el contexto de la ofensiva del Gobierno contra los medios de comunicación críticos que han revelado los casos de corrupción que le afectan, como el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez o la conocida como trama Koldo. El Ejecutivo se ampara precisamente en el concepto de «desinformación» para intentar poner coto a estos contenidos.

Un ejército anti-bulos

Otra de las medidas incluidas en el informe es la creación de un «cuerpo profesional de técnicos de comunicación del Estado».

«Estos profesionales, formados en técnicas avanzadas de comunicación y en la lucha contra la desinformación, desempeñarían un papel crucial tanto en la comunicación exterior, a través de servicios diplomáticos y embajadas, como en la administración pública a nivel estatal y local, abarcando ministerios, diputaciones y corporaciones locales».

Contar con un cuerpo del Estado especializado en comunicación permitiría, exponen los autores, «no sólo una gestión más eficaz de los contenidos comunicativos, sino también una respuesta rápida y coordinada ante amenazas de desinformación o campañas de injerencia».

Su acceso se realizaría «mediante habilitaciones específicas o a través de mecanismos de oposición». Igualmente, se propone «integrar a estos técnicos de comunicación del Estado en una red más amplia, que incluya a comunicadores del sector privado y del tercer sector», lo que «crearía una malla de profesionales capaz de frenar eficazmente bulos, manipulación informativa y otras formas de desinformación». «Esta red cohesionada y proactiva serviría como una barrera protectora frente a la manipulación informativa, contribuyendo significativamente a la estabilidad y la confianza en las instituciones públicas y privadas».

Plan «por la democracia»

Todo ello se produce en el contexto del Plan de acción por la democracia, aprobado por el Gobierno para poner coto a las informaciones delicadas que ahora cercan al presidente socialista y a su entorno familiar y político, como en el caso Begoña Gómez o el caso David Sánchez.

Ese plan incluye, entre otras medidas, una reforma de las leyes que regulan el derecho al honor y a la rectificación y tiene como uno de sus objetivos «hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios» que promueven lo que el Gobierno considera «intoxicación mediática y fake news».

El jueves, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública anunciaba el lanzamiento de 35 millones en ayudas a los medios de comunicación para que «ofrezcan información veraz».

El Gobierno, además, quiere establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas «cuya finalidad no es informar». Para ello, se creará un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.