Un informe del Gobierno plantea crear un ejército de funcionarios para perseguir lo que considere bulos

Un informe elaborado por el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación, un grupo de expertos constituido bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia, propone, entre otras medidas, la creación de un cuerpo de técnicos del Estado encargado de vigilar la difusión de «bulos». El trabajo analiza el fenómeno de la «desinformación» y la «manipulación informativa», y recoge una batería de propuestas para hacerle frente, así como para «fomentar el conocimiento» de esta «amenaza» entre la ciudadanía.

Este foro, creado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, elabora anualmente un informe en el que analiza el escenario informativo y propone medidas para frenar el fenómeno de la difusión de noticias falsas o malintencionadas.

En esta ocasión, se presenta en el contexto de la ofensiva del Gobierno contra los medios de comunicación críticos que han revelado los casos de corrupción que le afectan, como el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez o la conocida como trama Koldo. El Ejecutivo se ampara precisamente en el concepto de «desinformación» para intentar poner coto a estos contenidos.

El informe destaca que «cuando la desinformación se vuelve estructural y es adoptada por la sociedad, ésta puede llegar a contribuir activamente a su propagación porque encaja con ciertos intereses o creencias preexistentes». De esta forma, «la desinformación no sólo se convierte en una herramienta para influir en la opinión pública, sino en un virus que transforma la percepción de la realidad para grandes sectores de la población».

En este contexto, sus autores consideran que «para complementar los esfuerzos en la gestión de la desinformación, tanto en situaciones de crisis como en el día a día, es importante considerar la creación de un cuerpo profesional de técnicos de comunicación del Estado».

«Estos profesionales, formados en técnicas avanzadas de comunicación y en la lucha contra la desinformación, desempeñarían un papel crucial tanto en la comunicación exterior, a través de servicios diplomáticos y embajadas, como en la administración pública a nivel estatal y local, abarcando ministerios, diputaciones y corporaciones locales».

Contar con un cuerpo del Estado especializado en comunicación permitiría, exponen, «no sólo una gestión más eficaz de los contenidos comunicativos, sino también una respuesta rápida y coordinada ante amenazas de desinformación o campañas de injerencia».

Su acceso se realizaría «mediante habilitaciones específicas o a través de mecanismos de oposición». Igualmente, se propone «integrar a estos técnicos de comunicación del Estado en una red más amplia, que incluya a comunicadores del sector privado y del tercer sector», lo que «crearía una malla de profesionales capaz de frenar eficazmente bulos, manipulación informativa y otras formas de desinformación». «Esta red cohesionada y proactiva serviría como una barrera protectora frente a la manipulación informativa, contribuyendo significativamente a la estabilidad y la confianza en las instituciones públicas y privadas».

«Acción por la democracia»

Entre tanto, el Gobierno ya va dando forma a las medidas del conocido como Plan de acción por la democracia, su estrategia contra la prensa que no le resulta afín.

Este jueves, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública anunciaba el lanzamiento de 35 millones en ayudas a los medios de comunicación para que «ofrezcan información veraz». El Ejecutivo cuenta con una partida de 124 millones en subvenciones para repartir entre la prensa.

De esta partida, 10 millones irán destinados a medios que desarrollen herramientas «para combatir noticias falsas», coincidiendo con la ofensiva de Pedro Sánchez de acusar a los medios de «acoso» contra él.

«Todas estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de España con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, así como el apoyo a la transformación tecnológica del sector de los medios de información para preservar su competitividad y su cometido como vehículo fundamental para la conformación y expresión de la opinión pública libre e informada que requiere nuestra democracia», asevera el Ejecutivo.

Entre las medidas anunciadas por Pedro Sánchez se incluye, por ejemplo, una reforma de la ley del derecho al honor y a la rectificación. Además, pretenden establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas «cuya finalidad no es informar». Para ello, se creará un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.