Illa exige a los ayuntamientos dar beneficios fiscales a las empresas que rotulen en catalán

El Gobierno de Salvador Illa ha animado a los municipios catalanes a que lleven a cabo políticas de incentivos fiscales para todas aquellas empresas que lleven a cabo «buenas prácticas lingüísticas». Así, los ayuntamientos deberán promover el uso del catalán en el comercio local, algo que ya se contempla dentro del plan lingüístico de Illa que busca endurecer las sanciones a los establecimientos que no rotulen en catalán.

Para recopilar toda la actividad normativa y reguladora, la Generalitat está preparando la publicación de una guía para la elaboración de planes municipales de impulso del catalán. «Es imprescindible que los municipios incorporen la mirada lingüística en todas sus actividades, puesto que buena parte de sus actuaciones pueden tener un impacto positivo en el uso social de la lengua», aseguraba el consejero de Política Lingüística, Xavier Vila.

En este sentido, el Departamento de Política Lingüística y el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) están revisando el modelo de los Reglamentos de Uso de la Lengua Catalana (RULC) para facilitar su adopción y aplicación en todos los municipios interesados. Asimismo, explicó el plan de choque para relanzar el CPNL y mejorar la coordinación entre todos los actores del sistema público de enseñanza y dinamización lingüística.

El catalán es una de las piedras angulares del acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC. Por este motivo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha lanzado un plan lingüístico que incluye entre sus puntos un aumento del control y de las inspecciones a comercios y empresas que no rotulen u ofrezcan sus servicios en catalán. Una medida «necesaria» para el Ejecutivo de Illa, que asegura que los catalanes «pueden dejar de usarlo» si desde las organizaciones privadas no se «normaliza».

Salvador Illa culpa al régimen de oficialidad vigente, a los movimientos migratorios y a la extensión del inglés, de la pérdida lingüística en la región. «En este contexto, no puede perderse de vista que el catalán mide sus fuerzas con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, como son el castellano y el inglés, lo que incrementa exponencialmente el peso de las presiones que experimenta», apunta el informe sobre el uso del catalán que el Gobierno socialista ha encargado para justificar su hoja de ruta. Por este motivo, Illa plantea «una intervención ambiciosa» liderada por los poderes públicos, que incluye medidas como el impulso del catalán en las aulas y en las administraciones públicas.

Pero no sólo eso. El Gobierno de la Generalitat también quiere involucrar al sector privado, endureciendo las inspecciones lingüísticas. «Es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios», recoge el plan de acción elaborado por Illa. Para ello, dotará a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios, incrementando así los controles a las organizaciones privadas en materia lingüística.

Multas a comercios

El Gobierno de Pere Aragonés recaudó casi medio millón de euros con las multas impuestas a comercios por el incumplimiento de la política lingüística. En 2023, el departamento autonómico de Consumo llevó a cabo un total de 261 sanciones a establecimientos por no rotular o hablar en catalán, algo que, ahora, quiere reforzar el nuevo Ejecutivo del socialista Salvador Illa. El montante total de estas sanciones ascendió el pasado año a 496.920 euros, lo que supone un aumento del 340% con respecto al ejercicio anterior.

Según se desprende de los datos de la Agencia Catalana del Consumo, donde se muestra que, la vulneración de los derechos lingüísticos fue el segundo motivo por el que más inspecciones se llevaron a cabo y la tercera mayor vía de recaudación del total de multas que fueron impuestas a los comercios en 2023. Además, la cuantía de las sanciones ha ido in crescendo: en 2022, se impusieron 68 sanciones, que comportaron el pago de 112.606 euros, frente a las 16 correspondientes a 2021, que se saldaron con 17.350.