El Tribunal de Cuentas revela que Illa dio el 22% de los contratos covid a empresas sin solvencia técnica

El Tribunal de Cuentas revela que uno de cada cinco contratos covid adjudicados por el ex ministro de Sanidad Salvador Illa durante la pandemia se concedieron a empresas sin solvencia técnica. Así consta en su último informe fiscalizador, en el que se ha analizado una muestra de 73 expedientes de contratación de emergencia por una cuantía global superior a 551 millones de euros.

De estos fondos, el 94% fueron desembolsados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), cuyo ex director general, Alfonso Jiménez Palacios, es uno de los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que el pasado mes de abril  declararon ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid acusados de prevaricación, malversación y fraude. Precisamente, por las irregularidades detectadas en materia de contratación.

Y es que el ex director del INGESA es el que más irregularidades acumula entre los investigados por los contratos covid del Gobierno. Su firma avaló, por ejemplo, la compra en China de 3 millones de batas EPI con un sobrecoste de 47 millones de euros, o lo que es lo mismo, por un precio más de 4.000 veces superior a las adquiridas en España. Además, la rúbrica de Alfonso Jiménez también aparece en la compra de 100 millones de pares de guantes por los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagó a una empresa asiática 8.711.554,44 euros cuando dentro de nuestras fronteras el mismo producto era un 177% más barato. 

Pero no son estas las únicas irregularidades halladas en su gestión. El Tribunal de Cuentas señala en su informe que, en un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se produjeron «distintas incidencias» en la ejecución.

En cuatro de ellos, por ejemplo, se acordó la resolución anticipada por incumplimiento del contrato «imputable al contratista». Los importes adelantados, señala el máximo órgano fiscalizador, no han sido todavía recuperados. Además, en dos expedientes se detectaron «modificaciones no previstas en los contratos», como el suministro de otro tipo de modelo o cambios en los precios,  y en cinco de ellos tuvieron lugar retrasos en los plazos de entrega.

Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas advierte en su informe que este tipo de incidencias «podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia». No obstante, excusa, «las adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global».