Tribunales

Iglesias y Montero usaron el despacho oficial para evitar ir al juzgado a declarar en un caso privado

Pablo Iglesias Irene Montero
Pablo Iglesias e Irene Montero declarando en el juicio

El ex vicepresidente Pablo Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, declararon como testigos en la causa contra Miguel Frontera por presunto acoso y revelación de secretos el pasado mes de diciembre. Frontera, según denunció Iglesias, le llamó «chepas» y «garrapata».

Los dirigentes podemitas declararon el pasado 28 de diciembre desde el despacho oficial del entonces vicepresidente segundo, a través de videoconferencia y acompañados de una bandera de España y otra de la Unión Europea, dándole un aire institucional a una querella puramente privada.

OKDIARIO revela el vídeo de la declaración como testigos de Iglesias y Montero contra el hombre acusado de poner el himno de España frente al casoplón en Galapagar de ambos altos cargos de Podemos. Le piden pena de cárcel y le acusan, entro otros delitos, de «acoso y revelación de secretos».

Desde el despacho de vicepresidente

En las imágenes se puede ver cómo Iglesias y Montero relatan su versión de lo sucedido dándole un tono institucional a su declaración ante el juez. A ambos les acompañan las banderas de España y la Unión Europea en el plano que pudo ver el tribunal, que sale marcado como ‘Cámara 2’. Y todo a pesar de que la causa se circunscribe expresamente a su ámbito privado.

Se da la circunstancia de que Podemos ha sido muy crítico en otras ocasiones con las declaraciones telemáticas de miembros de otros partidos. Por ejemplo, la que realizó como testigo en 2018 el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la causa Gürtel. Según Podemos, que Rajoy no fuese a la Audiencia Nacional era «impresentable».

Cárcel para el denunciado

La implicación de Pablo Iglesias e Irene Montero para llevar hasta el final el  caso llegó hasta tal punto que ambos mostraron desde el primer momento su convencimiento y decisión de comparecer para testificar ante el juez en condición de afectados.

«Dada cuenta; habiéndose acordado la acumulación de las diligencias previas 464/20 y 514/20 seguidas en este Juzgado a las presentes actuaciones, únanse y practíquense las diligencias siguientes:
– Óigase en declaración como perjudicado al querellante D. Pablo Iglesias Turrión» y «óigase en declaración como perjudicada a doña Irene Montero Gil […] por el sistema de videoconferencias y quedando citada la misma a través de la notificación de la presente resolución a su representación procesal», ordenó el juez del caso.

La querella se remonta al 23 de julio de 2020, cuando los abogados de Iglesias presentaron una querella contra Miguel Frontera por delitos de coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales.

Sólo el delito de revelación de secretos -con penas de 1 a 4 años- sería suficiente para llevar a prisión a Frontera. La unión del resto de delitos, evidentemente, aseguraría -en caso de confirmarse- una entrada en la cárcel sin paliativos.

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