La Guardia Civil confirma que los asaltantes a la Conselleria robaron armas de sus coches patrulla

Los separatistas sí robaron las armas de los coches de la Guardia Civil en el registro del Departamento de Economía. La noticia es decisiva porque incrementa la evidencia de que la revuelta del 20 de septiembre a causa del registro del Departamento de Economía tuvo un componente violento -de hecho, incluso armado- y, por lo tanto, tal y como ha justificado el juez instructor Llarena, el delito aplicable a los cabecillas del golpe separatista es el de rebelión.

OKDIARIO adelantó la noticia ya en su momento. Y así lo confirman ahora las pruebas recabadas por la Guardia Civil. Lo ha plasmado ya el auto de procesamiento del Tribunal Supremo. Con una frase tan concisa como clara: “Las armas que se encontraban en el interior de los coches quedaron al albur del vandalismo desplegado”. Es decir, que efectivamente, como adelantó este diario, quedó armamento en los coches de la Guardia Civil asaltados y pasaron a estar bajo control de los separatistas que se agolpaban aquel 20 de septiembre en el que un registro judicial consiguió hacerse con una documentación decisiva para haber podido actuar judicialmente contra los golpistas.

El auto señala que “la movilización impidió que la Guardia Civil introdujera en el edificio a los detenidos (quienes debían estar presentes en el registro policial conforme dispone la LECRIM) o que pudiera atender la orden judicial con normalidad, además de impedir la entrada o salida de los agentes del edificio durante las muchas horas que duraron los incidentes”. Y añade que “la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y, ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones”. Así fue el ambiente. Y así la realidad de que los guardias civiles perdieron el control de sus armas en medio de una muchedumbre violenta que paso a controlar los coches, la escena y las armas.

Los documentos que los Mossos pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el día 26 de octubre -adelantados por este diario- incluían ya pruebas evidentes de que el entonces mayor, Josep Lluís Trapero, orquestó un equipo de mandos de la policía autonómica para controlar a los guardias civiles sitiados en aquel registro del Departamento de Economía y dejarles sin ayuda en un momento tan delicado y pese a la exigencia legal.

“En el vehículo Ford Transit matrícula 0491-BSV, y dentro de las cajas nº1 y nº27, se han intervenido 4 borradores de minutas”, señalan los documentos que consiguieron salvar los policías que impidieron la destrucción de los documentos de los Mossos. Las minutas corresponden a cada uno de los cuatro agentes de la policía regional que estaban encargados de controlar los movimientos de los guardias civiles y de informar a su cúpula, eso sí, sin ayudar a los agentes de la Benemérita que, en esos momentos, se encontraban sitiados por violentos que destrozaron sus tres coches y llegaron a robar los fusiles Cetme.

Los Mossos, además, negaron ayuda a la Guardia Civil hasta para retirar sus coches destrozados en el registro de Economía. No sólo no les ayudaron a poder efectuar el registro que había sido ordenado por la Justicia. Sino que, además, no les prestaron ayuda ni para poder remolcar los vehículos que habían quedado con todas las lunas rotas, las ruedas pinchadas y totalmente destrozados por dentro y por fuera tras los ataques de los golpistas agitados por ANC, Òmnium y representantes de los partidos separatistas.

En ese registro, y pese a todo, la Guardia Civil se incautó de la agenda personal de Josep María Jové, del documento Enfocats, donde aparece definido el equipo que comandaba el golpe, y de buena parte de las pruebas que demuestran que estaban dispuestos a saltarse la Constitución y a romper con España aunque eso supusiera una quiebra económica para su propia gente.

Aquel registro puso muy nervioso al entorno separatista. Tanto, que gente como Joan Tardá, como Roger Torrent, como la plana mayor de la Generalitat o como ‘los Jordis’ acudieron personalmente o instaron que se acudiera al lugar con el fin de bloquear el trabajo de la policía judicial. No lo consiguieron, pero, por el camino, los vehículos de la Guardia Civil que acudió para garantizar el trabajo judicial quedaron totalmente destrozados.