González Amador aún no era el novio de Ayuso durante los años por los que le investiga Hacienda
La Fiscalía ha denunciado a González Amador por sus acciones durante los años 2020 y 2021
Ayuso señala que existe una persecución y que "ahora tocaba el novio"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que «no» había comenzado su relación con su pareja Alberto González Amador durante los años por los que la Agencia Tributaria le investiga por un presunto delito de fraude a Hacienda y por un delito de falsedad de documento mercantil. La Fiscalía ha denunciado a González Amador por sus acciones durante los años 2020 y 2021.
Además, Ayuso ha manifestado que esta situación se la «esperaba». «Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de las acusaciones sobre una empresa que quebró por otras cuestiones, algo que él afrontó sin deber nada a nadie; después fue mi hermano, luego mi madre, mis primos», ha enumerado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La líder del PP de Madrid se ha quejado de que también han atacado a su «pueblo, barrio, colegio, que si era mejor o peor, expediente académico, etapa universitaria, trabajo, vida laboral».
«Ahora tocaba el novio»
Pero Ayuso ha señalado que «ahora tocaba el novio». De esa forma ha contestado a las preguntas que le ha lanzado la prensa tras conocerse la investigación de la Fiscalía a su pareja por un presunto delito de fraude a Hacienda y otro de falsedad documental. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apuntado que se trata de un ataque contra ella que se «está intentando hacer desde la Moncloa».
Según apunta la Agencia Tributaria en un informe, la pareja de Ayuso habría defraudado presuntamente 350.951 euros. Esto, según Hacienda, se habría hecho fabricando «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
El Ministerio Fiscal apunta en su denuncia que son «gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021».
El fin de estas actividades, tal y como apunta la Fiscalía, es conseguir «un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas» y, después, «compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener».
De acuerdo con el fiscal, González Amador se dedujo «indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL».
En el primer año investigado, 2020, «se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA de CV», una compañía para la que, según la Fiscalía, «no realizó ningún servicio o trabajo».
Por su parte, en 2021, su empresa, presuntamente y según la denuncia del Ministerio Fiscal, facturó algunos servicios a través de una empresa pantalla, Masterman & Whitaker SL, de la que la pareja de Ayuso es socio y administrador único. «Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios», reza el escrito de la Fiscalía.
La Fiscalía entiende que persigue «con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman & Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener».
Por eso, el escrito concluye que al fabricar «gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados», la «finalidad» que persigue es la «de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021».
La Agencia Tributaria ha cifrado el fraude en un total de «de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público».
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