País Vasco

El Gobierno Vasco otorga la semi libertad al etarra Iurgi Garitagoitia, condenado a más de 400 de años de prisión

El condenado estaba acusado por varios delitos vinculados a asesinatos

El Gobierno Vasco otorga la semi libertad al etarra Iurgi Garitagoitia, condenado a más de 400 de años de prisión

El Gobierno Vasco, por medio de su viceconsejero, ha concedido este viernes la semi libertad al etarra Iurgi Garitagoitia, dándole el permiso para realizar «actividades, trabajo y/o voluntariado», mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La suma de delitos para el prisionero supera la cifra de 400 años.

Los delitos del etarra están conformados por: 389 años por un atentado contra la Ertzaintza con explosivos en Hernani (Guipúzcoa), 44 por colaborar en el asesinato del empresario Ignacio Uría en 2008 en Guipúzcoa y 26 por el atentado de un coche bomba en la Universidad de Navarra de ese mismo año.

Expertos del Centro, como juristas, psicólogos y educadores sociales, han propuesto una serie de actividades que solo puedan realizarse «en el exterior», ya que esto se trataría de «una prueba fundamental que permitirá acreditar que la buena evolución del interno es lo que estos profesionales vienen constatando». Sin embargo, el interno permanece clasificado en segundo grado y cumplirá condena hasta el final. El hombre podrá salir durante el día, pero duerme en la cárcel en la que se encuentra.

Desde el Gobierno Vasco, han declarado que, si el condenado realiza adecuadamente sus actividades, confirmaría que se halla «en condiciones de reintegrarse en la sociedad». La decisión tomada se debe a que el individuo «ha hecho una reflexión personal, exigida por la legislación penitenciaria y por ello asumida por él» y que está ligada a «una correcta evolución de su comportamiento debido a hechos que así lo constatan».

Además, el Ejecutivo autonómico ha apuntado que la medida señalada es de «inmediata aplicación» porque «así lo establece la norma». Por último, ha finalizado asegurando que «el objetivo que impone la legislación penitenciaria no es otro que la reintegración a la sociedad de los internos en condiciones distintas a las que ingresaron en prisión» y ha concluido que «el Departamento de Justicia y Derechos Humanos se acoge a él con convicción».

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