El Gobierno usa fondos de la UE para acelerar las nacionalizaciones de los ‘tataranietos del exilio’

El Gobierno afirma que utiliza fondos de la Unión Europea en el «refuerzo de la red consular» para atender, entre otras gestiones, las derivadas del proceso de nacionalizaciones por la denominada Ley de Nietos.

Así lo reconoce en una respuesta por escrito en el Senado al Grupo Parlamentario Popular, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El Ejecutivo explica que «el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación viene trabajando en un proceso continuo de adaptación y refuerzo de la red consular para dar respuesta al crecimiento sostenido de la ciudadanía española en el exterior, así como al incremento de la demanda de servicios derivado de la normativa vigente, incluida la disposición adicional octava de la Ley 20/2022», que hace referencia a la adquisición de la nacionalidad de los descendientes de emigrantes.

«Este proceso se está abordando de forma progresiva, mediante refuerzos de plantilla, con especial atención a los consulados con mayor carga de trabajo; medidas de reorganización interna y redistribución de efectivos en función de necesidades operativas e impulso a la digitalización consular, orientado a mejorar la eficiencia y reducir tiempos de tramitación».

En este contexto, el Gobierno no proporciona el coste que supone el proceso de nacionalizaciones, pues «no existe un único dato consolidado, homogéneo y cerrado del coste total acumulado exclusivamente imputable» al proceso de acceso a la nacionalidad.

Asegura que «no se ha producido un incremento de gastos de personal de carácter estructural, y los incrementos puntuales de recursos humanos se han afrontado mediante la adopción de medidas de reorganización de los equipos de trabajo para la adecuada atención al público, así como mediante contrataciones de carácter temporal, con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación».

Pero «por lo que respecta a las actuaciones en materia de infraestructuras de citas y gestión documental, se han financiado con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del plan de transformación digital del departamento». El Gobierno niega además que se hayan realizado «obras de adaptación de inmuebles fundamentadas en las necesidades de espacio» en los consulados.

El plan de transformación digital del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fue presupuestado en 2021 y está financiado con cargo a los fondos Next Generation EU por importe de 115 millones de euros.

«Dada la forma en que se ha canalizado, mediante suministro de equipamiento y desarrollo de nuevos sistemas informáticos, incluida una nueva sede electrónica y una carpeta consular para el ciudadano, no permite identificar un único dato consolidado, homogéneo y cerrado del coste total acumulado exclusivamente imputable» a la Ley de Nietos, añade el Ejecutivo.

Según el último dato actualizado, a fecha 30 de abril, el número de solicitudes presentadas ascendía a 2.622.450 y el número de aprobadas a 557.709.

El Gobierno explica que «es imposible» calcular «el plazo medio de resolución» de los procedimientos «debido a las especificidades de cada una de las más de 170 oficinas consulares implicadas».

Polémica

Este periódico ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad. También ha revelado los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes. Igualmente, ha desvelado la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP. El PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- pese a que el PP se impuso en todos ellos de manera holgada.

La polémica por la Ley de Nietos se ha convertido en los últimos días en foco del debate político.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la «ingeniería electoral» del Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de «fabricar» nuevos votantes para que le salgan «las cuentas». Feijóo ha alertado de que las intenciones del Ejecutivo no son «inocentes» y considera «irresponsable» el proceso de nacionalizaciones. En el PP son partidarios de una Ley de Nacionalidad «con garantías» y más limitada.

Cabe recordar que la Ley de Memoria Democrática se aprobó en octubre de 2022 en el Congreso, gracias al apoyo de Bildu. La ley únicamente reconocía el acceso a la nacionalidad a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, unos días después, una instrucción de Sofía Puente -entonces directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia- amplió extraordinariamente los beneficiarios de la nacionalización, extendiéndolo a descendientes de emigrantes por cualquier causa. Ello implica que los consulados admitan que se estén nacionalizando «hasta tataranietos».