El Gobierno se teme la impugnación de las elecciones

Hace muy pocos días el presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional, Josep Sánchez Llibre acudió a visitar a Quim Torra, el jefe vicario del independentismo radical. Llibre le expuso la situación terrible de la Cataluña incendiada y le pidió que cesase la violencia, que dejara de apadrinar las actuaciones agresivas de los CDR, de los terroristas entre los cuales se encuadran sus propios hijos. Llibre no obtuvo respuesta alguna y desde luego ningún compromiso.

«Se llamó andanas», en frase feliz de un dirigente empresarial. Es más; los que pudieron hablar con el empresario a comienzos de esta misma semana con ocasión de los Premios Princesa de Gerona, se quedaron con la impresión de que Torra se había negado literalmente a tomar cartas en el asunto y a ordenar -porque es él quien puede hacerlo- la retirada de los  facciosos de la calle. En resumen: Sánchez Llibre, acostumbrado a negociar en mil escenarios y a lograr acuerdos a la desesperada, sabe ahora mismo que la situación, cara a las elecciones del domingo, es extremadamente grave, muy comprometida.

Será por esto o porque al fin el dúo Sánchez-Marlaska ha caído en la cuenta de que peligran las mismas elecciones, Interior ha enviado a Cataluña a diez mil agentes encargados de vigilar sobre todo los colegios electorales de la región en los que se pueda presumir mayor peligro de violencia. Marlaska ha venido diciendo en días pasados que el Gobierno español no puede exponerse a que se provoque una situación caótica, que el desarrollo electoral devenga en una caos el próximo domingo, y que terminen impugnándose las elecciones.

«No nos podemos arriesgar a esto», piensan en el Ministerio del Interior. Sin embargo, y contra el parecer de quienes han pedido al aún presidente que intervenga política e institucionalmente en Cataluña para que no se produzca esta situación, una quiebra enorme de la democracia española, ni el Gobierno en general, ni Sánchez, ni Marlaska, tienen la menor intención de adoptar estas medidas. El ministro, cuando se le pregunta al respecto suele responder que ellos, el Gobierno, no están por la labor de estar llamando a un 155 de carácter permanente.

Es su técnica: contestar policialmente (a poder ser sólo con los Mossos) a la violencia pero no tomar decisiones que puedan entorpecer un pacto posterior con ERC en quien Sánchez confía ciegamente para continuar en sus aposentos de La Moncloa.  De aquí su clamoroso silencio en el Debate cuando Casado cinco veces le interpeló por sus propósitos de acordar un Gobierno con Junqueras. Con éste, por cierto sépase ahora, ya negoció cuando, con el líder separatista en la cárcel, le propuso, nada más y nada menos, que aceptara volver a su casa sencillamente adornado con una pulsera electrónica.  Aquella chapuza no pudo ser porque los presos sólo admiten la amnistía, ni siquiera el indulto, la amnistía que, por si no lo saben, está terminantemente alejada de nuestra Constitución. Sánchez lo intentó, no le salió la jugada y ahora recuerda que la Fiscalía «para todo» (lo dice con énfasis) depende de él; para traerse a España al fugitivo Puigdemont pero también para no oponerse a la salida de los sediciosos de prisión, gracias a los escandalosos beneficios penitenciarios que les va a otorgar la Generalitat.

Torra no sólo no garantiza paz para esta semana sino que, además, continúa pagando la gasolina de los «molotov» de los terroristas.  A este cronista le llegan noticias de que no sólo Sánchez Llibre sino algunos otros representantes de la silente burguesía catalana (si es que existe este grupo de pusilánimes) han acudido a Torra para que este pare la insurrección. Ningún resultado; él asegura que no tiene nada que ver con los violentos, lo que es una forma de echarse a un lado y contemplar sin disgusto alguno que los subversivos vuelvan a los incendios. No es extraño que el Gobierno tema por las elecciones. Teme porque le escocería una impugnación, pero no hace nada para impedir el amotinamiento.