El Gobierno saca adelante por sólo dos votos la Ley Celaá que discriminará el castellano en las escuelas

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, que ahora pasa al Senado en su recta final parlamentaria antes de poder convertirse en la octava ley educativa en democracia. Tras un bronco debate y entre enormes críticas de la oposición, el Gobierno de Sánchez e Iglesias saca adelante su polémica ley educativa con la que el castellano ya no será la lengua vehicular en las escuelas españolas.

El proyecto de ley con el que se quiere derogar la Lomce o ley Wert ha obtenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Lo que significa que el Gobierno saca adelante la ley en el Congreso con sólo dos votos. Los apoyos que ha recibido el Gobierno con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Al tratarse de una ley orgánica, se necesitaba de una mayoría absoluta (176 de los 350 diputados de la Cámara Baja).

Estas son las claves de la ley

La ley impuesta por el Gobierno socialcomunista y sus socios acaba con el español como lengua vehicular y supone un duro golpe para la educación especial y concertada.

Golpe al español

PSOE, Podemos y ERC pactaron a última hora una enmienda que suprime el español como lengua vehicular, la cuestión que ha provocado más polémica en torno a la nueva ley.

El dictamen deja a las comunidades autónomas la potestad para asegurar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas tanto en español como en sus lenguas cooficiales. El redactado final será éste: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

Restricciones a la concertada

La Ley Celaá supone un duro golpe para la educación concertada, lo que ha provocado las críticas de las asociaciones y de la oposición. Así, se determina que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.

La educación especial

Las asociaciones han criticado que la ley abre la puerta a cerrar los centros para escolares con necesidades especiales. La disposición adicional cuarta, que establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

El texto precisa que ese objetivo se corresponde con «el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas» y cumple «el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».

También establece que «las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Pasar de curso con suspensos

Los alumnos podrán pasar de curso cuando el equipo docente estime que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. Repetir se considerará algo excepcional y sólo podrá permanecer en el mismo curso una vez y dos como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

Sin segregación por sexos

PSOE, Podemos y ERC acordaron una enmienda a la Ley Celaá para prohibir que en la educación concertada no puedan separar a los alumnos por sexo. Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

Memoria Histórica

El texto también incluye el estudio de la memoria democrática, el concepto con el que el Gobierno se refiere a la Memoria Histórica, su visión parcial especialmente de la Guerra Civil y la dictadura.

Se establece que toda la comunidad educativa tenga un «conocimiento profundo» de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, porque ello, se sostiene, «permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico», sostiene el texto.

Educación afectivo-sexual

Además, la Ley Celaá propone la educación afectivo-sexual desde Primaria, o, como informó OKDIARIO, en «educación emocional» y «justicia fiscal».

En otro de los puntos, la Ley Celaá incide en la promoción de la Agenda 2030. Un ámbito que, en el Gobierno, lidera el vicepresidente Pablo Iglesias. Así, se obligará al profesorado a demostrar sus conocimientos en «la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial», lo que «se tendrá en cuenta en los procesos de formación y en el acceso a la función docente». La intención es que «en 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030».

Docentes «removidos»

Además se permite el ‘cambio de puesto en docentes’ que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado.

Inspectores sin oposición

Los inspectores educativos ya no van a tener que aprobar una oposición para este puesto. Los sindicatos de inspectores han pedido criterios «objetivos» y han avisado que esa reforma abre la puerta al «enchufismo».