El Gobierno quiere impedir que los ciudadanos puedan opinar en la elaboración de leyes

El PSOE ha presentado una enmienda a la Ley de Gobierno para rebajar los requisitos para sacar adelante leyes, reales decretos y reglamentos sin necesidad de sacar la norma a consulta pública, limitando así la participación de los ciudadanos. No es la primera vez que propone algo similar: ya intento colar una enmienda idéntica en la Ley de Paridad -en ese caso con el apoyo de Sumar-, pero finalmente esa normativa fue aprobada sin incluir esta enmienda, por lo que los socialistas, ahora en solitario, han vuelto a solicitar este cambio normativo.

La consulta pública es un método de participación mediante el que se recaban las opiniones y sugerencias de los ciudadanos, organizaciones y otras partes interesadas antes de la elaboración o modificación de las leyes. Su objetivo es asegurar que la regulación tenga en cuenta las necesidades y preocupaciones de la sociedad, mejorando así la calidad y efectividad de las políticas públicas. Sin embargo, el cambio solicitado por el Gobierno lo dotaría de mayor poder para sacar adelante todas estas normas, sorteando el filtro de los ciudadanos o de organizaciones y empresas afectadas por estas normativas.

Los socialistas piden reformar el artículo 26 de la Ley de Gobierno de 1997, donde se recogen los supuestos en los que puede prescindirse del trámite de consulta pública de los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y las normas reglamentarias. En la actual Ley del Gobierno, según establece literalmente, sólo permite excluir la consulta pública «en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas».

Sin embargo, eso excluiría muchas de estas nuevas leyes, por lo que el PSOE solicita que se rebajen estos requisitos, es decir, que sólo sea necesario cumplir una de las actuales seis circunstancias que marca la norma para poder sortear la consulta pública. Con ello, el Ejecutivo tendría vía libre para dejar fuera a los ciudadanos e iniciar directamente los trámites para la elaboración de las leyes.

Concretamente, el cambio que busca el Gobierno a través de esta enmienda es prescindir de la consulta pública «cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias»: cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios, cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia o cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2.

Segundo intento

No es la primera vez que el PSOE intenta reducir la participación ciudadana.  El Gobierno relanzó la Ley de Paridad el pasado mes de diciembre, tras decaer en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones en julio de 2023, con el objetivo de alcanzar la paridad de género en los órganos de administración y directivos de las compañías, así como en la Administración pública u organizaciones como partidos políticos, sindicatos o colegios profesionales.

En esta Ley de Paridad, PSOE y Sumar colaron una enmienda al citado artículo 26 para recortar los requisitos que permiten sacar leyes sin necesidad de consulta pública. Sin embargo, el pasado mes de junio el Congreso de los Diputados dio luz verde a esta Ley, sin incluir la enmienda presentada por los dos partidos del Gobierno. Por este motivo, el PSOE -esta vez en solitario- ha vuelto a incluir esta enmienda en la Ley de Gobierno, que supondría una merma importante de la participación ciudadana.