El Gobierno encarga buscar una subida fiscal para paliar la rebaja del IVA de la luz

Pedro Sánchez no piensa aliviar el sablazo de precios y fiscal sufrido por las familias y empresas a raíz de la subida del recibo de la luz. La prueba más evidente ha sido el anuncio de supuesta rebaja del IVA lanzado este pasado lunes por el Gobierno: ha prometido una rebaja de este impuesto desde el 21% hasta el 10% para el consumo eléctrico y ha acabado resultando que esa rebaja se limitará a los contratos de hasta 10 kW y de forma muy pasajera.

Para colmo, la orden interna dada a los equipos económicos de Sánchez es representativa de la realidad. Esa orden ha puntualizado que el déficit público no se puede elevar aún más, por lo que cada euro de recaudación fiscal perdido por el lado del recibo de la luz deberá compensarse con otro euro recaudado por medio de otro impuesto. Traducido: si acaba bajando algo el IVA de la luz de forma significativa, los consumidores lo pagarán por medio del diésel, del IRPF o del impuesto que haga falta elevar con tal de que el Estado no pierda ingresos.

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Como todas sus medidas supuestamente sociales, la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% que aprobará este próximo jueves tiene trampa. No se aplicará a todo el mundo, sino que se limitará a los consumidores que tengan una potencia contratada de hasta 10 kW. Y no tendrá una fecha de caducidad concreta -la ministra Teresa Ribera había adelantado que sería temporal-, sino que estará ligada a que el precio del Megawatio/hora se mantenga por encima de 45 euros en el mercado mayorista. Es decir, si en julio baja de ese nivel, el IVA volverá al 21% y al supuesto alivio habrá durado sólo un mes. Resultado: el Ejecutivo se garantiza una pérdida de impacto recaudatorio mínima.

Moncloa explica que la rebaja del IVA al 10% hasta fin de año será «para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh».

Además, el Gobierno pretende aplicar «el 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado», pero tampoco define qué se entiende por «consumidores vulnerables severos».

En tercer lugar, Sánchez ha anunciado la suspensión del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (el impuesto de generación, que traspasan a los consumidores), pero, de nuevo, sólo durante el tercer trimestre de este año.

Y, por si todo esto fuera poco, la orden interna del Gobierno es que, si aun así, el impacto recaudatorio se viese mermado de una forma significativa -cosa inmensamente improbable con la regulación planteada por Pedro Sánchez-, además, la bajada de ingresos debería compensarse con subidas por medio de otros impuestos.

Traducido: que si, por un casual, los contribuyentes viesen aliviada su factura fiscal por medio de la luz, el Gobierno buscaría otra vía para subir la recaudación con otros impuestos para evitar un aumento del desbocado déficit.

Subidas de impuestos

Hay que recordar que ha sido, de hecho, este mismo Gobierno de Pedro Sánchez el que acaba de dar la vuelta a las franjas horarias de uso de la luz. El resultado ha sido un esquema en el que cualquier persona con horarios normales ve encarecer de forma notable su pago por la electricidad. Y con el incremento de ese precio de consumo, ve igualmente crecer el pago de los Y, por si fuera poco, Sánchez se acaba de comprometer ante Bruselas a elevar los impuestos especiales y a crear ecotasas, capítulos que afectarán a la generación de electricidad en España, con lo que el recibo aún subirá más.

Según el Gobierno de Sánchez, existe margen para subir los impuestos especiales, como el de la luz, porque en otros países europeos son más altos  y, por lo tanto, debemos tender a converger con la media de estos tributos en la UE.

Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que debe crearse todo un catálogo de nuevos impuestos verdes, de donde difícilmente podrán escapar algunas de las fuentes fósiles de combustible empleadas en la generación de energía en España, con lo que el kW de energía será más caro y acabará repercutiendo en los consumidores, como siempre ha ocurrido.