El Gobierno destina menos de la mitad del presupuesto de la Ley de Memoria a exhumaciones

El Gobierno de PSOE y Podemos tiene previsto invertir en 2022 un total de 11,8 millones de euros para desarrollar la llamada Ley de «Memoria Democrática». De ellos, en cambio, apenas 4,75 van destinados directamente a exhumar a las víctimas. El resto se reparten en altos cargos, asesores, estudios y subvenciones a fundaciones, universidades o entidades afines.

En concreto, las cuentas del Ejecutivo destinan 3 millones al «plan de exhumación de las víctimas», a lo que hay que añadir las subvenciones a entidades locales (Córdoba, Ciudad Real, Huelva y Jaén) para actuaciones en cementerios y fosas, que suman 750.000 euros; y una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias, de un millón de euros.

Según el Gobierno, ese presupuesto tiene como objetivo, además de las exhumaciones, elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista o «resignificar» el Valle de los Caídos que, si prospera la ley -actualmente en tramitación parlamentaria- pasaría a llamarse Valle de Cuelgamuros, según una de las enmiendas pactadas entre PSOE y Podemos.

También se pretende elaborar un censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada, y otro para recabar información sobre la retirada de simbología franquista, mediante la creación de una herramienta informática, que permita localizar e identificar los vestigios, para proceder a las retiradas que el Ejecutivo considere.

La previsión del Gobierno es que, en 2022, se localicen hasta 1.000 cuerpos y que se exhumen unos 800. Sin embargo, como reveló OKDIARIO, apenas se cuenta con 82 expedientes para la exhumación de víctimas del Valle de los Caídos. Es decir, apenas un 0,24% de los enterrados en este lugar, algo que choca con el afán propagandístico de la ley.

Además, como también publicó este periódico, en pleno autobombo de la ley, el Gobierno acaba de vetar una batería de enmiendas -del Grupo Parlamentario Popular- en las que se pedía recortar los recursos destinados a altos cargos, asesores o subvenciones para destinarlos, precisamente, a las exhumaciones. En total, las enmiendas suman más de 2,6 millones de euros.

En las propuestas, el Partido Popular pedía que se destinasen 141.360 euros del presupuesto para los altos cargos del Ministerio de la Presidencia a la «dotación del plan de exhumación de las víctimas, eliminando gastos en propaganda partidista no asociados a la localización, recuperación y entrega a sus familias». Para el mismo fin se solicitaban 245.120 euros ahora destinados a asesores, otros 224.000 previstos para «sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y otras entidades del sector público», 263.500 de subvenciones a universidades y 600.000 de ayudas a ONGs, además de 1,2 millones que figuran en las cuentas públicas como «inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios del Ministerio».

«Nos encontramos ante una partida que no piensa ni en los familiares de las víctimas, ni en las personas más vulnerables, sino en la creación y mantenimiento de estructuras que se han mostrado del todo ineficaces y que no demanda la sociedad, preocupada por si podrá pagar el recibo de la luz, abrir su negocio al día siguiente, si mantendrá su empleo, si podrá pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda y si podrá contar con lo necesario para su subsistencia, y no de los hechos ya superados de hace ochenta y dos años», destacaron desde el partido de Pablo Casado.