El Gobierno del caos: el Ministerio de Duque reclama «datos fiables» sobre los muertos en residencias

La tragedia de las residencias se ha convertido en la cara más dramática del coronavirus en España. Pese a ello, la opacidad del Gobierno sobre las cifras oficiales de fallecidos en los centros ha sido una de las cuestiones más criticadas desde que comenzó la pandemia.

El Ejecutivo se ha revelado incapaz de gestionar los datos, esenciales para valorar el impacto de la crisis. El Ministerio de Sanidad no ha hecho oficiales a día de hoy esos datos, reclamados por activa y pasiva. De hecho, el propio ministro Salvador Illa se comprometió a ello en el Congreso, ya en abril. Meses después, de la única información que se dispone es de un informe interno publicado por el Observatorio Nacional de la Dependencia, en el que Sanidad admite más de 27.359 muertos en residencias. En el documento, al que tuvo acceso la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se recogen los datos remitidos por las comunidades autónomas entre el 6 de abril y el 20 de junio, y se admiten también las dificultades para el recuento.

Descoordinación

Sanidad se ha excusado en los retrasos de las comunidades autónomas para no ofrecer una cifra cerrada sobre las defunciones en estos centros. Pero ello refleja, a la vez, la incapacidad del Ministerio para asumir sus funciones y coordinar esa recogida de datos de la forma más urgente y precisa posible. El resultado actual es un batiburrillo de cifras, con criterios distintos, falta de depuración, fechas incoherentes y otras irregularidades.

En un informe impulsado por el Ministerio de Ciencia, que dirige Pedro Duque, se critica precisamente la escasa fiabilidad de los datos sobre fallecidos en residencias y se apunta a la necesidad de poner solución urgente.

El dossier está firmado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), un equipo de 16 investigadores de distintas disciplinas, creado por este departamento para funciones de asesoramiento y apoyo en cuestiones científicas relacionadas con la pandemia y sus futuras consecuencias.

Bajo el título ‘Informe del GTM sobre el impacto del Covid-19 en las personas mayores, con especial énfasis en las que viven en residencias’, los autores lamentan, desde el primer momento, que «la situación terrible de las residencias en España refleja lo acontecido en la mayor parte de los países en los que existe información al respecto. Sin embargo, para obtener una medida precisa de la situación, sería deseable realizar un esfuerzo para disponer públicamente y de forma transparente de datos suficientemente fiables».

«Es importante promover la valoración con indicadores mucho más sólidos y confiables», añaden.

Informe crítico

El documento es ciertamente crítico, y apunta a deficiencias «comunes en la mayoría de los países». «Fallos en las respuesta a la pandemia», como «la falta de priorización al no disponer de un diagnóstico temprano», la «falta de Equipos de Protección Individual», «los retrasos en un adecuado soporte» o el reemplazo de profesionales. También se avisa de la inexistencia «de consenso sobre el abordaje de la crisis en residencias, desde un punto de vista ético».

«Ante un posible rebrote en los próximos meses, es urgente que todos estos puntos se tengan en consideración y se planifiquen adecuadamente para poder dar una respuesta rápida, efectiva y contundente, tal como necesita y demanda nuestra sociedad», advierten.

Uno de los aspectos en los que más se incide es la falta de datos precisos. Así, se apunta como causas a «la heterogeneidad de las fuentes de información a nivel territorial» pero también al hecho de que «en las primeras fases de la pandemia, no se pudieron realizar pruebas diagnósticas masivas, por lo que fue difícil atribuir con certeza un volumen importante de fallecimientos a la infección por Covid-19», asumiendo así que la cifra de defunciones sería aún más elevada.

En este contexto, el grupo del Ministerio de Ciencia se ve obligado a recurrir a fuentes extraoficiales para estimar el número de defunciones. Entre ellas, se cita el informe del portal de la International Long Term Care Policy Network, red gestionada por la London School of Economics (LSE), según el cual, los fallecidos en residencias representarían aproximadamente un 70% del total.

«Restituirles la dignidad»

«En España, como en otros países, el sistema de información de muertes en residencias no ha sido óptimo, con carencias y retrasos en los datos oficiales (en concreto, a día de hoy no hay datos oficiales, así como ocurre en Italia, EEUU, y en otros países, como por ejemplo Reino Unido, donde sólo se presentaron datos parciales)», se añade.

El equipo de trabajo desarrolla a continuación sus propuestas de mejora en las residencias, para evitar el impacto de la segunda ola, que ya comienza.

«Después de la pandemia, y a la luz de sus consecuencias dramáticas, no sería aceptable el abandonar a nuestros mayores, y, en particular, a un grupo de población especialmente vulnerable, aunque heterogéneo, que ha acabado siendo protagonista, a su pesar, durante esta crisis. Se tiene, sin duda, que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta situación no se repita y para mejorar sus condiciones de base, no tanto por razones de protagonismo, si no para restituirles la dignidad que merecen, juntamente con todo el sector residencial, especialmente los profesionales», destacan.

En este sentido, señalan que «la alta longevidad de España se tiene que aprovechar como un valor y una fortaleza, pues las personas mayores, a parte de la consideración que claramente les corresponde a nivel ético, pueden aportar mucho a la sociedad. De la misma manera, invertir en investigación, innovación y transferencia en este área podría resultar un magnífico revulsivo económico y social a la vez, con claro potencial de internacionalización».