El Gobierno colocará a un afín al frente del órgano «independiente» que recibe chivatazos de corrupción

La futura ley de protección de las personas que informen de casos de corrupción -que entrará en vigor mañana lunes- recoge la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un órgano que, entre otras funciones, recibirá las denuncias anónimas de prácticas corruptas. Pese a definirse como «independiente», esta «autoridad» estará en realidad vinculada al Ministerio de Justicia y su presidente, con rango de subsecretario, será nombrado por real decreto a propuesta del ministro de turno.

La ley determina que el presidente será elegido «entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad», y su nombramiento será ratificado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, con la que ahora cuenta el Gobierno de coalición gracias al apoyo de separatistas y proetarras. La Presidencia dispondrá de una Comisión, de carácter únicamente consultivo, integrada por representantes de distintos organismos, como el Tribunal de Cuentas y el Banco de España, además de la Abogacía del Estado, la Intervención General y la Agencia Tributaria. También se incluirá a otros dos representantes del Ministerio de Justicia «entre juristas de reconocida competencia».

Denuncias anónimas

Entre sus funciones, este organismo ejercerá como canal para recibir denuncias anónimas sobre posibles casos de corrupción. Cualquier persona podrá comunicar su información, a través de correo postal, medios electrónicos, teléfono o de forma presencial. La Autoridad «independiente» deberá dejar constancia de esa denuncia, bien con una grabación o transcripción de la conversación, e iniciar las actuaciones por parte de los funcionarios adscritos, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

La ley habilita a cualquier persona a presentar una denuncia anónima sobre cualquier hecho que pueda ser constitutivo de infracción penal o administrativa, tanto en el sector público como privado.

Los denunciantes pueden ser así empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas, becarios o voluntarios, como se recoge en un amplio listado.

La ley fue aprobada en el Congreso con el rechazo del Partido Popular y Vox. Los populares consideran que el Gobierno pretende imponer un «chiringuito» para «buscar acomodo a familiares, amigos o afines para hacer política partidista».

«Nosotros proponíamos una oficina independiente similar a la Oficina de Conflictos, integrada por funcionarios, con mayor control del Parlamento y garantizando la absoluta imparcialidad y neutralidad en el tratamiento de las denuncias. Claro, esto se nos ha rechazado», denunció el diputado del PP Jesús Quintana durante el debate en el Congreso.

«Es que ya no engañan, señorías del PSOE. ¿Cómo vamos a creer que el Gobierno quiere realmente luchar contra la corrupción y proteger al informante, creando una autoridad independiente que hay que controlar y orientar por criterios políticos y directrices de oportunidad?», aseveró el diputado.

La ley obliga además a las empresas de más de cincuenta trabajadores a contar con un canal para recibir denuncias de corrupción. También se recogen sanciones, que pueden llegar al millón de euros, para quienes tomen represalias contra los denunciantes de corrupción. La ley es una transposición a la legislación española de una directiva europea aprobada en 2019. No obstante, desde el PP consideran que el Gobierno ha aprovechado esta circunstancia y se «extralimita» al establecer una especie de «Justicia paralela».