El Gobierno castigará con 600.000 € y el posible cierre a las redes sociales que difundan lo que él tilde de «desinformación»

El Partido Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como «coordinador de servicios digitales» en España. Es decir, el vigilante que fiscalizará la actividad de los medios de comunicación y las redes sociales. Se trata de una exigencia del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que el Gobierno tenía pendiente de aprobar, y que resulta imprescindible en la cruzada de Pedro Sánchez contra la prensa crítica y las plataformas, a las que culpa directamente de difundir «desinformación» poniendo en riesgo «la democracia».

La CNMC tendrá plena capacidad de inspección, y las sanciones podrían ascender a 600.000 euros, la suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios o, en su caso, el cierre de sus establecimientos.

En julio de 2025, el Gobierno aprobó el llamado Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, aún paralizado en el Congreso.

La norma levantó fuertes críticas por su perfil censor. En el texto se critica que «las plataformas en línea de alcance mundial actúan como puertas de entrada a los contenidos de los medios de comunicación, con modelos de negocio que tienden a eliminar la intermediación para el acceso a los servicios de medios de comunicación y a amplificar los contenidos polarizadores y la desinformación».

También se advierte que «el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de medios de comunicación se ve puesto en peligro por prestadores, incluidos los controlados por determinados terceros países, que practican de forma sistemática la desinformación, o la manipulación de información y la injerencia».

Esa ley ya preveía la habilitación de la CNMC como «coordinador de servicios digitales». Es decir, vigilante de los medios y las plataformas, bajo la tutela del Ministerio de Transformación Digital, en manos de Óscar López.

La CNMC tendrá amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre los servicios digitales, aquellos que facilitan la transmisión de datos, el acceso a contenido digital o la conexión entre usuarios y proveedores de bienes o servicios en línea.

Podrá «inspeccionar cualquier instalación que dichos prestadores o dichas personas utilicen con fines relacionados con su actividad comercial», o «solicitar a cualquier miembro del personal o representante de dichos prestadores o dichas personas que ofrezcan explicaciones respecto de cualquier información relativa a una presunta infracción y de registrar las respuestas con su consentimiento por cualquier medio técnico».

«Riesgos para la sociedad»

Ello, según el PSOE, para «crear un entorno en línea seguro, predecible y fiable, en el que se aborde la difusión de contenidos ilícitos en línea y los riesgos para la sociedad que puede generar la difusión de desinformación u otros contenidos, protegiendo efectivamente los derechos fundamentales», y bajo el pretexto de que es preciso incorporar al ordenamiento jurídico español distintos reglamentos europeos, como el 2022/2065 sobre los servicios digitales.

Cabe destacar que la actual presidenta de la CNMC es Cani Fernández, propuesta por el Gobierno y que fue asesora del Gabinete de la Presidencia en 2020, a las órdenes de Iván Redondo, antes de incorporarse a su puesto actual. Las sanciones muy graves van de 150.001 hasta 600.000 euros. La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves «podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años».

Todo ello forma parte del Plan de Acción por la Democracia, que Sánchez ideó durante sus cinco días de retiro, tras conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y que, entre otras medidas, ha impuesto la creación de un registro de medios —supervisado por la CNMC— y la limitación de la publicidad institucional.

El presidente del Gobierno ha convertido su cruzada contra medios y redes en una bandera de su mandato. En febrero, lanzó su ofensiva contra «los abusos de las grandes plataformas digitales», con medidas como la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos o la prohibición del acceso a las redes a los menores de 16 años. «La fuerza del Estado está para proteger» a las democracias, aseveró en un foro reciente. Elon Musk, propietario de X, le ha respondido en varias ocasiones tachándole de «traidor al pueblo de España», «Sánchez el sucio» y «Sánchez es el auténtico fascista totalitario».