El Gobierno cambió las pulseras antimaltrato porque «le jodía mucho» que fueran israelíes
El proveedor israelí que había fabricado las pulseras durante más de 15 años con resultados satisfactorios
El escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas del Ministerio de Igualdad destapado por OKDIARIO parece no tener fin. Cada día que pasa aparecen nuevas revelaciones que evidencian la chapuza monumental que puso en peligro la vida de varias mujeres. El cambio de proveedor que derivó en los graves fallos del sistema actual respondió a motivaciones puramente ideológicas: las responsables podemitas del ministerio rechazaron mantener el contrato porque «les jodía mucho» que las pulseras fueran de fabricación israelí, según afirma una fuente conocedora de las negociaciones a OKDIARIO
Según esta misma fuente, que prefiere mantener el anonimato, Igualdad mostró un rechazo frontal a mantener el proveedor israelí que había fabricado las pulseras durante más de 15 años con resultados satisfactorios. La ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez podemita Victoria Rosell, fue quien expresó que no quería seguir contratando a la empresa de origen israelí Attenti Electronic Monitoring porque «les jodía mucho el tema de Gaza».
El proveedor israelí Attenti fabricaba dispositivos con tecnología «rugerizada» que impedía su manipulación sin activar las alarmas. Las pulseras incluían un sistema de batería que se cambiaba de forma controlada, eliminando el riesgo de que el agresor pudiera interferir en el proceso. «Si ocurría que muchas veces alguna mujer o maltratador se la quitaba, incluso con una radial, pues eso saltaba e inmediatamente se reponía», explica la fuente.
«Era una persona que se le notaba que odiaba a los hombres», afirma, relatando cómo esta responsable ministerial llegó a decir «que se joda» cuando se le planteó que algunos investigados en Islas Canarias tendrían que abandonar sus trabajos por las restricciones de movimiento, incluso sin haber sido condenados.
El testimonio revela que Telefónica había prestado este servicio durante entre 15 y 20 años, en muchas ocasiones de forma deficitaria económicamente, «porque se quería prestar de cara a la sociedad». Sin embargo, el Ministerio priorizó la reducción de costes y, según la fuente, «no les gustaba nada el tema de que el proveedor fueran los israelitas».
Según ha desvelado OKDIARIO, la responsabilidad última sobre el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento recaía en Irene Montero cuando se llevó a cabo la licitación y adjudicación defectuosa que provocó la pérdida de todos los datos históricos anteriores al 20 de marzo de 2024.
Como reveló este periódico, en julio de 2021, Noelia Vera —secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género y mano derecha de la ministra— firmó los pliegos de la contratación inicial. Posteriormente, en julio de 2023, Ángela Rodríguez Pam —también estrecha colaboradora de Montero en el ministerio y en Podemos— avaló con su firma los pliegos técnicos de la nueva licitación. Ambas secretarias de Estado asumieron la responsabilidad técnica del sistema durante las adjudicaciones defectuosas.
El cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático, según informó OKDIARIO, ha generado un vacío informativo durante meses que ha comprometido gravemente los procesos judiciales contra maltratadores. El centro de control Cometa no puede facilitar correctamente información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.
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