El Gobierno cambia la ley para que los jueces puedan censurar noticias sobre «investigaciones penales»

El Gobierno ha aprovechado la futura Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales para reforzar la capacidad de los jueces para ordenar la retirada de contenidos de la red.

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, retoca, en concreto, la Ley del Poder Judicial y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para habilitar la retirada de contenidos, más allá de aquellos que vulneren la «propiedad intelectual».

Así, se habilitan los procedimientos judiciales para que los servidores retiren contenidos que afecten al «orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional», además de «la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas», «el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social» y «la protección de la infancia y la juventud».

En su propuesta, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, el Gobierno se ampara en que «la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales puede requerir como último recurso la interrupción de un servicio de la sociedad de la información que ofrezca acceso sin límites a contenido que perjudica gravemente al desarrollo físico, mental y moral de los menores».

En este contexto, la iniciativa considera como tales aquellos contenidos que puedan provocar al niño «daños psicológicos y emocionales», pero también la «desinformación, manipulación y construcción de falsas creencias», como «contenidos falsos y sin rigor que pueden confundir a las personas menores de edad».

También señalan a aquellos contenidos que puedan dar lugar a «conductas peligrosas, delictivas o socialmente inapropiadas», o a la «inclusión en grupos y colectivos dañinos», porque -dice el Ejecutivo- «acceder a determinados contenidos puede acercar al menor a colectivos extremistas, violentos o racistas, así como a sectas de carácter ideológico o religioso o grupos políticos radicales».

De esta forma, «dado que estas medidas restrictivas pueden llegar a afectar a derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de información, que gozan de protección constitucional, una orden para la interrupción de un servicio o la retirada de contenido debe contar con la correspondiente autorización judicial».

Así, la ley permitirá a los jueces «autorizar» la interrupción de «la prestación de servicios de la sociedad de la información o que se retiren contenidos que vulneren cualquiera de los bienes jurídicos enumerados en el artículo 8 de la Ley 34/2002», antes mencionados.

«Desinformación»

El Gobierno no oculta que uno de los fines que persigue con esta ley es poner fin a lo que considera «desinformación». Un término con el que, en reiteradas ocasiones, aluden a aquellas informaciones sensibles y críticas con el Ejecutivo, el presidente Pedro Sánchez y su entorno personal y político. Este ataque a la prensa se ha recrudecido en los últimos meses, coincidiendo con los casos abiertos sobre su mujer Begoña Gómez o su hermano David Sánchez.

Así, entre los objetivos de la ley se dispone «apoyar el desarrollo de las competencias digitales de la infancia en el entorno digital y la capacidad de evaluar los contenidos en línea y detectar la desinformación y el material abusivo».

En este sentido, la norma también contempla la elaboración de una estrategia nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.

Esta estrategia, se dice, fomentará «la formación en ciudadanía digital y alfabetización mediática» o la «educación afectivo sexual de calidad y basada en la evidencia científica», entre otros.