La Fiscalía pide que la Audiencia investigue bajo secreto al ex socio de Alvise por estafa

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que investigue un presunto fraude de más de 300 millones de euros atribuido a Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones dirigida por Álvaro Romillo, empresario que ha denunciado al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por presunta financiación ilegal. Tal como informa el Ministerio Público, se ha enviado un informe al Juzgado Central de Instrucción Número 4, pidiendo al juez José Luis Calama que acepte las tres denuncias presentadas hasta la fecha, al considerar que la Audiencia Nacional es competente para investigar la plataforma, que supuestamente ayudaba a las personas a reducir su carga fiscal.

En este sentido, la Fiscalía solicita expresamente la acumulación de las tres denuncias, ya que se cumplen los requisitos legales para investigarlas en un único procedimiento, y pide que se declare el secreto de las actuaciones para investigar un posible delito de estafa. Las denuncias han sido presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

El despacho Aránguez Abogados, que representa a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y defiende a más de 500 afectados, estima que el fraude supera los 300 millones de euros. En su denuncia, Aránguez Abogados alega que Romillo, conocido bajo el alias CryptoSpain, «alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y en criptomonedas». Se ha conocido que ese empresario le entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise el 27 de mayo, semanas antes de las elecciones europeas.

Esta citada asociación amplió su denuncia solicitando que la Audiencia Nacional se inhibiera y traspasara la competencia al Tribunal Supremo para investigar también al aforado Alvise Pérez. Según el despacho, Romillo habría declarado «públicamente la relación de esta trama» con el eurodiputado, lo que, según él, justificaba la paralización de la plataforma y la falta de devolución del capital a los afectados.

Por otro lado, el despacho Zaballos Abogados, que representa a la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, calcula que más de 2.700 personas han sido estafadas, y que el fraude podría alcanzar los 600 millones de euros. «Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores, cuya membresía costaba 2.000 euros al año. Este era el gancho para ofrecerles publicidad agresiva y marketing engañoso, atrapándolos en inversiones promedio de 100.000 euros», sostiene el despacho.

Otra denuncia

Por otra parte, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha interpuesto otra denuncia en los juzgados de Madrid contra Álvaro Romillo por un presunto delito de intrusismo profesional. Se le acusa de haber ofrecido y publicitado servicios de asesoría tributaria y financiera sin contar con la titulación académica correspondiente y sin estar registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Aranguez Abogados señalan que Romillo, «movido por el ánimo de lucro», ejerció esta actividad desde principios de 2021 hasta hace aproximadamente dos semanas, cuando «cerró todas sus plataformas digitales». En su perfil de TikTok (@cryptospain), que acumulaba más de 212.000 seguidores, Romillo publicaba vídeos relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, aprovechando su falsa imagen de experto en temas fiscales para generar confianza entre sus seguidores.

La asociación destaca que Romillo creó una «marca personal» que le permitió asesorar a clientes, mayormente empresarios y particulares del sector cripto. Como ejemplo, señalan que recomendaba la apertura de cuentas bancarias en el extranjero para recibir fondos de cuentas españolas y explicaba cómo realizar un cambio de residencia fiscal como mecanismo para eludir impuestos en España.

Investigación

Por todo ello, la asociación solicita que Romillo sea citado como investigado, que se tome declaración a la asociación denunciante con ofrecimiento de acciones legales, y que el Equipo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional elabore un atestado informativo sobre los hechos denunciados.

Asimismo, solicitan que se ordene el cese de toda actividad de Romillo en redes sociales y se conserve toda la documentación publicada en su perfil de TikTok. Para evitar posibles riesgos de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, también piden que se impongan las medidas cautelares necesarias.