Los fiscales ponen a prueba a Delgado: la instarán a querellarse contra Torrent por desobedecer al Constitucional

Será la primera gran prueba de fuego para Dolores Delgado una vez que, en los próximos días, sea nombrada Fiscal General del Estado. La ex ministra y ex diputada del PSOE tendrá la última palabra en el Ministerio Público para querellarse contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por desobediencia al admitir, en octubre de 2019, la tramitación de varias nuevas resoluciones que insistían en la autodeterminación de Cataluña, pese a haber sido advertido de que eran inconstitucionales.

La ex titular de Justicia deberá demostrar a sus propios compañeros fiscales si, tal y como ella misma ha defendido en su comparecencia de este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso, será imparcial e independiente del Gobierno y de las conversaciones bilaterales de negociación que éste mantiene con los separatistas catalanes.

El escrito de la querella ya está terminado, confirman fuentes próximas a la Fiscalía General del Estado a OKDIARIO. Tal es así, que se ha ido avanzando en la confección del mismo, de la mano del teniente fiscal del Tribunal Supremo en funciones de fiscal general, sin esperar a que Delgado cumpliese con todos los trámites previstos para hacer efectiva su toma de posesión en el cargo. Una vez la designación de la ex ministra se haga oficial, será ella quien firmará la orden efectiva de actuar contra Torrent.

El Pleno del Constitucional admitía el pasado 28 de enero un incidente de ejecución sobre una de sus propias sentencias -en la que en octubre de 2017 se anuló la legalidad de las iniciativas del Parlament, entonces presidido por Carme Forcadell, orientadas a la creación de la república catalana- al entender que Torrent y algunos otros diputados separatistas habían tramitado una nueva resolución que insistía en la autodeterminación de la comunidad autónoma.

El Tribunal de Garantías pedía a la Fiscalía «deducir testimonio de particulares» con el objetivo de que exigiese al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y al resto de miembros separatistas de la Mesa -Josep Costa, vicepresidente primero; Eusebi Campdepadrós, secretario primero; y, Adriana Delgado, secretaria cuarta- «la responsabilidad penal que pudiera corresponder» por volver a incumplir y vulnerar «el mandato» constitucional y estatutario, decía el auto ponencia del magistrado Andrés Ollero, «al admitir a trámite la Mesa de la Cámara» una moción ilegal.

La Mesa del Parlament admitía la propuesta presentada por el subgrupo parlamentario de la CUP para «interpelar» al Govern sobre el «autogobierno» de Cataluña y recogía la voluntad de la Cámara parlamentaria catalana de hacer concreto y efectivo el «derecho de autodeterminación» de la comunidad autónoma, respetando «el mandato del pueblo catalán».

Nada más llegar a su cargo, Delgado tendrá que determinar ahora si conserva la posición de la Fiscalía General y da luz verde a la querella contra Torrent que han preparado los fiscales, una vez que el Constitucional remita al Ministerio Público varios documentos necesarios para el trámite procesal, o si, por el contrario, aparca en un cajón dicha posibilidad y fija su propia línea de actuación en el ejercicio de una posición a la que llega envuelta en la polémica.