Los fiscales del ‘procés’ se rebelan contra la orden de García Ortiz y rechazan avalar la amnistía

Los cuatro fiscales del juicio al procés se niegan a plegarse ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que apuesta por amnistiar todos los delitos de los políticos secesionistas juzgados por el Tribunal Supremo. Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que este martes se iba a producir una segunda reunión, pero los cuatro fiscales han dicho que mantienen su informe inicial. Consideran que la orden de García Ortiz es ilegal e improcedente. Por tanto, aplicando el Estatuto Fiscal, no firmarán el informe favorable a la amnistía y tendrá que ser la Junta de Fiscales de Sala la que tome la decisión final.

Como publicó OKDIARIO, García Ortiz no apoya la idea de que el delito de malversación no puede ser amnistiable. Considera que hay que cumplir a pies juntillas el propósito de Pedro Sánchez de borrar todos los delitos de los independentistas catalanes.

En este marco, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno llevan el caso a la Junta de Fiscales de Sala, donde habrá que dirimir si García Ortiz consigue imponer su mayoría. En los últimos años, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha ido tomando posiciones en ese órgano, por lo que García Ortiz podría dar la vuelta al informe de los fiscales que consiguieron condenar a los dirigentes del Gobierno autonómico de Cataluña de Junts y ERC por el referéndum ilegal. García Ortiz quiere situar a su número dos, María Ángeles González Conde, al frente de este caso de especial trascendencia política y judicial.

El criterio de los cuatro fiscales trascendió el pasado 30 de mayo, tras la reunión que mantuvieron con Álvaro García Ortiz. Según fuentes conocedoras del encuentro, al término del mismo los fiscales entregaron un documento en el que avisaban de que no están a favor de aplicar la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación.

En el texto, los firmantes defendían que el ex presidente catalán sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE y que, por tanto, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. A su entender, Puigdemont y otros 6 dirigentes del procés dedicaron fondos públicos «a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos».

En todo caso, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al procés.

Regreso de Puigdemont

Ahora se ha abierto el plazo de 5 días por parte del juez Pablo Llarena para que la Fiscalía y las partes personadas se pronuncien sobre levantar las medidas cautelares a Puigdemont que le impiden regresar a España. Los cuatro fiscales tendrán que trasladar su posición, que genera fricciones en la Fiscalía General del Estado.

En concreto, Pablo Llarena ha preguntado a los fiscales de la causa si la malversación que se le atribuye al ex presidente catalán Carles Puigdemont afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y, por ende, quedaría excluida de la amnistía.

Así consta en la providencia, en la que acuerda mantener 5 días la orden nacional de detención que pesa contra Puigdemont, los ex consejeros Antoni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Llarena da esos 5 días a la Fiscalía, a Vox –que ejerce la acusación popular– y a las defensas para que informen sobre si ven pertinente aplicar o no la amnistía a los hechos que se le atribuyen a los encausados.