El escándalo del ‘caso Parra’: cuando la justicia se convierte en persecución

Joaquín Parra, empresario en Extremadura y Andalucía, fue detenido y encarcelado durante más de un año en julio de 2020 en una investigación en la que la justicia se convirtió en una persecución para él. Parra sigue siendo el dueño del Badajoz CF por incumplimientos contractuales y llegó a presentarse a la alcaldía pacense por el partido Juntos por Extremadura.

La operación contra Joaquín Parra comienza cuando P.G.Z. y F.G.G., de la sociedad petrolífera Omarpar, le denunciaron. La compañía operaba directamente en el mercado y a través de cuatro subcuentas que utilizaban la licencia de la cuenta principal de Omarpar para poder operar con petróleos.

El denunciante se presentó en la Guardia Civil para denunciar después de haber incumplido los compromisos con Hacienda de la sociedad de la que eran responsables. El importe del presunto fraude de IVA ascendía a más de 12 millones de euros. Sorprendentemente, no se aportaron pruebas junto a la denuncia, pero fue admitida a trámite. P.G.Z. se comprometió a aportar las pruebas posteriormente.

Fue entonces cuando un teniente de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Mientras recogía la denuncia, el teniente decidió que también debía imputar a los denunciantes y les tomó declaración sin informarles de que estaban investigados y sin su abogado presente.

El mando informó a la Fiscalía de Málaga que procedió a presentar una querella y solicitar pinchazos telefónicos. Tras 30 días de intervenciones telefónicas, que no arrojaron ningún dato, se lanzó la operación y se detuvo a los denunciados. Sorprendentemente, Parra ingreso en prisión por el presunto delito fiscal.

Ni el juez, ni el fiscal del caso nunca han llegado a tomar declaración a Parra. A la fiscal se le pasaron los plazos para solicitar la prórroga. Sin embargo, Joaquín Parra acabó procesado. No es habitual llevar a juicio a un investigado sin haberle tomado declaración en fase de instrucción.

P.G.Z., por el contrario, sí pudo declarar. El empresario aseguró que no tenía ninguna prueba de la denuncia contra Joaquín Parra que había presentado.

Al intervenir y parar en seco las operaciones de las sociedades, estas terminaron por impagar y acumular deudas de operaciones. El juzgado embargó todos los bienes de Parra, incluyendo gasolineras, vehículos, dos yates y más de 200 cuentas bancarias.

La instrucción se cerró tras 12 meses por un problema en los plazos de prórroga y se ha señalado el juicio para el próximo año 2026. 

El registro de Joaquín Parra

OKDIARIO ha podido ver los vídeos de las cámaras de seguridad de la entrada y registro en casa de Joaquín Parra ordenado por el juez. En estos vídeos se puede ver como los guardias civiles accedieron al garaje de su casa y utilizaron el patinete eléctrico de su hijo.

Fuentes conocedoras del caso también aseguran que se han «perdido o extraviado» una cámara go-pro, un ordenador Mac, varios teléfonos móviles y una tablet, entre otros objetos de valor. Esto deja en evidencia la guardia y custodia de los objetos intervenidos.

La entrada y registro en casa de Joaquín Parra, de la que fuentes de la causa dudan de su legalidad, también se produjo cuando su mujer estaba dentro de la misma. La retuvieron pese a no estar investigada y le quitaron el dinero de su cartera y de su bolso, según fuentes presentes en el registro.

La mujer estaba en pijama, puesto que la entrada y registro se produjo a las 06:20 de la mañana. Pidió vestirse y le autorizaron teniendo que cambiarse de ropa delante de los guardias civiles, todos ellos varones, según fuentes presentes en el registro.