La empresa amiga de Cerdán se lleva 10 millones de la obra investigada por la UCO sin tareas definidas
El 15% del encargo millonario va a parar a Servinarbar 2000 SL sin que se sepa qué recursos aporta a la obra

La empresa Servinabar 2000 SL, cuyo propietario Antxón Alonso está vinculado al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se llevará más de 10 millones de euros públicos del polémico contrato del túnel de Velate por 76 millones que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Tal como ha podido saber OKDIARIO, UTE se dividía en 55% para Acciona, 15% para Servinabar y 30% para Osés. Fuentes conocedoras del reparto indican que la compañía, propiedad de Antxon Alonso, participa en la unión temporal de empresas sin que se conozca qué aportación específica realiza en las obras públicas adjudicadas. Una empresa es una gran constructora, Osés es una compañía experta en excavaciones y Servinabar es una incógnita.
En su web, únicamente dice: «Ofrecemos un servicio integral de la promoción tanto directa como delegada. Nos encargamos de localizar el terreno, realizar las gestiones urbanísticas, adaptar un proyecto a medida y llevar a cabo la construcción completa».
«Tenemos una excelente relación con diferentes empresas del sector, lo que nos permite abarcar mayores áreas de conocimiento. Gracias a estas colaboraciones conseguimos aprender y evolucionar en el tiempo», agregan para subrayar su dedicación a «la reducción del sobreconsumo de los edificios y minimizar la huella energética».
El túnel de Velate es la primera obra civil que emprende esta empresa que hasta ahora había hecho rehabilitaciones y viviendas protegidas por encargo del Gobierno de Navarra. Sus encargos únicamente se limitan al Ejecutivo navarro. Servinabar, una empresa con apenas 9 empleados –la mayoría temporales, según sus últimas cuentas– no tiene experiencia previa en grandes infraestructuras. Sin embargo, ha conseguido ganar adjudicaciones millonarias, siempre asociada con otras firmas.
El primer contrato durante la etapa de Chivite fue la finalización de las obras del Archivo General, que se prolongaron hasta junio de 2020 con la UTE de Servinabar junto a otra constructora. Estas obras, que debían durar 18 meses según la adjudicación inicial de 2018, sufrieron un sobrecoste del 19% bajo la supervisión del gobierno socialista.
En 2021 se inauguraron 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña construidas por la UTE Acciona-Servinabar, cuyo contrato había sido adjudicado en diciembre de 2018 por Nasuvinsa, la empresa foral de vivienda. Posteriormente, en 2022, esta misma empresa pública adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de otras 46 VPO en Erripagaña por 8,4 millones de euros.
Contratos millonarios
El caso más controvertido es la reciente adjudicación del desdoblamiento del túnel de Velate, anunciada en enero de 2024 por 76 millones. Varios de los ocho miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares denunciando que el sistema de puntuación estuvo «viciado».
«El procedimiento que hemos seguido al valorar las ofertas ha quedado viciado, así puede ser visto», llegó a manifestar por escrito Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación, advirtiendo sobre la falta de transparencia en el proceso.
Los correos electrónicos internos revelan irregularidades significativas. Antes, incluso de la comunicación oficial de las puntuaciones, «varios empleados del Departamento (incluso externos a la Administración) habían revelado la existencia de comentarios acerca del sentido de la valoración». Esta filtración fue corroborada por cinco miembros de la mesa presentes en la reunión del 14 de junio de 2023.
La premura por adjudicar el contrato también resulta sospechosa. El presidente de la mesa presionaba constantemente para acelerar el proceso: «Hay mucho interés en que se adjudique antes de San Fermín», escribía en un email del 30 de mayo de 2023.
La obra del túnel de Velate recibió además una subvención extraordinaria de 40 millones por parte del Ministerio de Transportes, lo que representa aproximadamente el 16% del total nacional destinado a la modernización de túneles con fondos Next Generation.
Antxon Alonso, propietario de Servinabar, mantiene una estrecha amistad personal con Santos Cerdán que se remonta a décadas atrás. Este empresario vasco, originario de Elgoibar —el mismo pueblo que el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi—, posee un entramado de más de 20 empresas diferentes abarcando sectores estratégicos como infraestructuras, inmobiliario, energía y servicios urbanos. La mayoría de ellas son cascarones sin actividad conocida.
Además, la UCO ha descubierto que Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, constituyó una sociedad cooperativa denominada Noran con Antxon Alonso en 2015. Esta cooperativa, con domicilio social en San Sebastián, tenía como objeto la prestación supuestamente de «servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial». Koldo, además, lucía el logo de Servinabar en sus exhibiciones como cortador de troncos.
Por otra parte, como ha desvelado OKDIARIO, un informe de fiscalización del Gobierno de Navarra ha revelado graves deficiencias en la ejecución de las obras de Velate. El documento, fechado el 11 de junio de 2024, señala problemas en el Plan de Seguridad y Salud y la existencia de múltiples servicios afectados sin autorización previa.
«Aún no se cumplen los requisitos del Real Decreto de 1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras», indica el informe de la Intervención Delegada del Departamento de Cohesión Territorial.
Por su parte, Víctor de Aldama, empresario central en la investigación del caso Koldo, aseguró ante el Tribunal Supremo que entregó a Santos Cerdán 15.000 euros en efectivo, mencionando la existencia de un «cupo vasco» que supuestamente permitía controlar determinadas licitaciones públicas.
La colaboración entre Servinabar y Acciona parece estar circunscrita exclusivamente al territorio navarro, pues no figuran como UTE en ninguna otra obra pública fuera de esta comunidad, lo que acrecienta las sospechas sobre posibles tratos de favor.
La concatenación de irregularidades en la adjudicación y en la ejecución convierte las obras de Velate en un verdadero entuerto que trasciende lo meramente constructivo. Un proyecto destinado a mejorar la conectividad navarra se ha transmutado en un laberinto burocrático donde los problemas de seguridad, las autorizaciones pendientes y las sombras de corrupción amenazan con eclipsar su finalidad original.