El elegido por Podemos para el Tribunal de Cuentas deberá inhibirse por ley en los casos del partido

Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, el candidato que Podemos ha colado para la próxima renovación del Tribunal de Cuentas y que omite haber sido abogado del partido en su currículum -de carácter «reservado» pero desvelado por OKDIARIO- presentado para superar el examen de idoneidad en el Senado, tendrá que inhibirse por ley en los asuntos relacionados con la formación morada.

Así lo afirman a este periódico fuentes del órgano fiscalizador que remiten al artículo 16.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Este precepto establece que «el presidente y los consejeros de Estado tendrán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido, o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran participado ellos mismos o personas de su familia dentro del segundo grado civil por consanguinidad o afinidad».

Se da la circunstancia de que Luis Antonio Ortiz ha sido el letrado de la gerente de la formación morada, Rocío Val, en el caso Neurona ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. En esta causa se investiga el desvío de fondos públicos a la sociedad chavista Neurona Consulting, la ‘caja b’ de Podemos y los presuntos sobresueldos de algunos cargos internos como la propia gerente y el tesorero del partido, Daniel de Frutos.

Estas cuestiones han sido objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, apreciando presuntos delitos de fraude electoral y falsedad documental en las cuentas de Podemos de las elecciones del 28 de abril de 2019 por la existencia de un contrato con la consultora Neurona por valor de 363.000 euros y que pudo ser simulado.

De igual modo, Luis Antonio Ortiz ha defendido a la gerente de Podemos, Rocío Val, en el conocido como caso Niñera, en alusión a Teresa Arévalo, ex diputada y todavía asistente de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Aquí, la oposición cree que hay «una presunta malversación de caudales públicos», en el tipo penal denominado malversación impropia, puesto que supone «destinar fondos públicos para la satisfacción de necesidades y fines particulares», o implicar «responsabilidad por alcance ante el Tribunal de Cuentas por un mal uso de fondos públicos».

Este candidato al órgano fiscalizador también ha representado en otro litigio a La Última Hora, el aparato de propaganda de Podemos que dirige Dina Bousselham, ex asesora del ex líder del partido y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

De hecho, este abogado ha empleado como autónomo un domicilio social localizado en el número 78 de la calle Jorge Juan de Madrid, que es el mismo donde se encuentra la sede de La Última Hora y donde también ha operado el ex abogado de las FARC, actual líder del Partido Comunista y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, siendo una persona de su confianza. También ha estado aquí la sede del Foro de abogados y abogadas de Izquierdas (FAI-RAD), vinculado a Santiago.

Omisión clave

Tal y como ha revelado OKDIARIO en exclusiva, el currículum de ocupaciones pasadas y méritos de Luis Antonio Ortiz, que no es público -tiene la condición de «reservado»- y que ha presentado para recibir el miércoles el aval de la Comisión de Nombramientos del Senado, silencia su trabajo en defensa de los intereses de Podemos. Una omisión clave que pone en cuestión su independencia. Su nombre ha sido incluido en la lista acordada por PSOE y PP para la renovación del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. De este órgano, seis miembros los elige el Congreso y otros seis el Senado, requiriendo en ambos casos mayoría de tres quintos en las votaciones en el Pleno.