La Junta de Fiscales resuelve que Europa «no es competente» para investigar el contrato de Ayuso

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, rechaza enviar a la Fiscalía Europea la totalidad de la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De este modo, Delgado asume la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales de Sala que, como ya adelantó OKDIARIO, considera que la Fiscalía Europea no es competente para hacerse cargo de las diligencias solicitadas. Según apuntaron fuentes fiscales a este medio, «la Fiscalía Europea se extralimita de sus funciones porque no es competente para los hechos investigados en Anticorrupción».

En concreto, las mismas fuentes señalaban que no existen indicios que justifiquen ceder las diligencias puesto que hasta ahora no se ha detectado que los fondos europeos se vieran afectados, tal y como esgrime la Fiscalía Europea, que entiende que es suya la competencia al existirse  supuesta «malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos Feder europeos».

No obstante, en la causa abierta contra Tomás Díaz Ayuso no se investiga un delito de malversación ya que las mascarillas se pagaron y se entregaron, sino que se indaga sobre la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por el hermano de Ayuso, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios y «Europa no es competente para investigar estos delitos». A este respecto, aunque existiera la hipotética malversación de fondos europeos, los delitos citados son de interés superior para la fiscalía española.

Así consta en el decreto de la fiscal general del Estado, en el que se argumenta que los hechos que investiga Anticorrupción «afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales».

Pese a ello, Dolores Delgado permitirá que la Fiscalía Europea investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española y sin facilitar la documentación sobre las pesquisas que dirige Alejandro Luzón.

Conflicto de competencias 

Dolores Delgado pone así fin al conflicto de competencias que se inició después de que la Fiscalía Europea requiriera a Anticorrupción para que le diese traslado de la investigación al entender que ésta se había «abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos Feder europeos».

Este mismo lunes, horas antes de la reunión de la Junta de Fiscales, la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell -fiscal de la Gürtel que consideró «abrumadoramente acreditada» la existencia de la Caja B del PP-, insistía en su «competencia preferente» e instaba a Delgado a elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el conflicto de competencias.

Abocada al archivo 

Fue el pasado mes de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, decretó la apertura de diligencias preprocesales al considerar que era procedente la práctica de determinadas pesquisas aunque «no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas» y pese a reconocer que los hechos «carecen de indicios razonablemente verosímiles».

Por esta misma razón el Ministerio Público rechazó trasladar el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde es aforada Isabel Díaz Ayuso, al no apreciar evidencias de delito. «La secuencia de los hechos denunciados no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo» de las actuaciones porque no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», indicaba.

Así, tal y como adelantó OKDIARIO, está previsto que las diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso se archive antes de agosto, plazo en el que se cumplirán los seis meses desde su apertura. En concreto, fuentes judiciales aseguran que «esta causa no tiene recorrido judicial», aunque el fiscal haya incoado las diligencias con el objetivo de esclarecer cualquier duda sobre la legalidad de las adjudicaciones a la empresa Priviet Sportive durante la pandemia del Covid-19 y «para que en el futuro no exista sospecha alguna sobre la gestión de Ayuso».