España
'Caso Begoña'

La defensa de la asistente de Begoña: «Que sea directora de Programas no significa que deba dirigir programas»

El juez Peinado investiga un delito de malversación por la contratación de la asistente Cristina Álvarez

La defensa de Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que, en realidad, ejerce como secretaria personal de Begoña Gómez, alegó ante el juez Juan Carlos Peinado que «la denominación del empleo» -directora de Programas- «no significa que sus funciones consistan o deban consistir en dirigir programas».

Así lo expone en un escrito en el que manifiesta su oposición a la investigación abierta por un posible delito de malversación en la contratación de la asistente.

La defensa de Álvarez, que está imputada, tomó como referencia la declaración de Alfredo González, ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, quien explicó que «se trata de una nomenclatura administrativa, un nombre genérico que no hace referencia a funciones concretas».

La secretaria de Begoña Gómez, cabe recordar, fue contratada para trabajar en La Moncloa nada más llegar Pedro Sánchez al Gobierno. Fue la propia Begoña Gómez quien le propuso ser su asistente personal. Además de ocuparse de los asuntos públicos de la mujer del presidente del Gobierno, también lo hacía de los privados, como sus negocios en la Universidad Complutense de Madrid. Como reveló OKDIARIO, llegó a presentarse ante el personal de la institución académica como «colaboradora» de la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida por Gómez.

«Mi patrocinada es personal eventual, esto es, un cargo de confianza que para su nombramiento no necesita acreditar concurso, oposición, ni curriculum de ningún tipo», se recoge en el escrito.

Delito de malversación

En el marco de la investigación por malversación en el caso Begoña ya ha declarado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien se desvinculó de la contratación de Cristina Álvarez. Esta semana, el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, quien ejerció de secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023. Sus años en el cargo resultan clave para la investigación que cerca a La Moncloa por las labores desempeñadas por Álvarez para las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno.

La defensa alega, igualmente, que el sueldo de Cristina Álvarez, 52.252,64 euros brutos anuales, es «absolutamente razonable» y opina que «tampoco el importe de sus honorarios es indicio de malversación».

«No es muy difícil de entender que la esposa de un presidente del Gobierno, aunque no tenga la condición de autoridad, precisa de una asistencia específica, especialmente por motivos de agenda, protocolo y seguridad», se recoge en el texto enviado al juez.

También rechaza el delito de malversación por las gestiones de Álvarez para la cátedra de Begoña Gómez.

Como ha ido publicando OKDIARIO, son múltiples los intercambios entre la secretaria de la mujer de Pedro Sánchez y los empleados de la universidad en relación a la plataforma para empresas por la que Gómez está imputada por apropiación indebida e intrusismo. Además, Álvarez estaba al tanto de la incorporación de empresas privadas a la cátedra, como demuestran distintos correos.

«Esos correos no tienen mayor misterio. Como hemos dicho, una de las tareas más importantes de mi mandante consistía en la gestión de la agenda de la esposa del presidente, lo que hacía aconsejable que, para conocer las actividades y compromisos de la señora Gómez, mi patrocinada apareciera en copia en muchos correos», insiste la defensa de Cristina Álvarez.

En uno de los correos más destacados en la investigación, Álvarez se pone en contacto con uno de los patronos de la cátedra, Reale Seguros, para instarles a seguir patrocinándola:

«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió Álvarez. En varios correos electrónicos utilizaba su correo de la Presidencia del Gobierno.

«Pretender hablar de malversación porque mi patrocinada, además de las labores propias de su cargo, haya podido remitir en alguna ocasión contada, como favor personal, algún correo relacionado con la actividad profesional de la esposa del presidente, es penalmente intrascendente», concluye.