Cinco imputados por desviar 2,4 millones que la UE dio al Gobierno canario para centros de menas

La Fiscalía Europea ha imputado a cuatro directores de centros de menores de inmigrantes ilegales en Gran Canaria y Lanzarote y a un empresario, por un presunto delito de blanqueo de capitales cometido entre 2018 y 2023. Según las investigaciones, los imputados habrían desviado cerca de 2,5 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation, destinados originalmente a la manutención y atención de niños y niñas inmigrantes ilegales acogidos en estos centros. En lugar de ello, parte del dinero habría sido utilizado para gastos personales y para inflar los contratos de alquiler de los inmuebles donde se alojaban los menores. Entre ellos, se gastaron parte de los fondos en tratamientos contra la disfunción eréctil y antiarrugas.

Disfunción eréctil y antiarrugas

Una de las imputadas se ha gastado el dinero destinado al centro de menas en Canarias en un tratamiento para eliminar las arrugas. Otro de los imputados en comprar medicamentos contra la disfunción eréctil. Además, se ha descubierto un entramado de alquileres en el que un empresario usaba sociedades para alquilar esos centros a precios que triplicaban su valor de mercado.

La operación, denominada Tabaiba, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación comenzó en 2022 después de recibir un informe de un organismo dependiente del Banco de España que advertía sobre operaciones bancarias irregulares realizadas por los responsables de varios centros de acogida de menores inmigrantes ilegales.

El caso fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias y dio inicio a la instrucción judicial. Actualmente, las actuaciones están bajo la dirección de la Fiscalía Europea y en el Juzgado de Instrucción número 7 de Gran Canaria.

Los investigadores han detectado que del total del dinero ingresado a la fundación encargada de gestionar los centros, se retiraron más de 1,1 millones de euros en efectivo mediante reintegros fraccionados.

Cuentas a particulares de 25.000 euros

Además, se realizaron transferencias directas a cuentas particulares por más de 25.000 euros, destinados a gastos personales que iban desde vacaciones y comidas, hasta gasolina y operaciones estéticas. Una de las imputadas, por ejemplo, utilizó fondos de la tarjeta del centro para someterse a un tratamiento para eliminar arrugas de expresión y alquilar vehículos, mientras que otro imputado habría comprado medicamentos para tratar problemas de disfunción eréctil, como la viagra.

Facturas duplicadas y triplicadas

A requerimiento judicial, la fundación presentó miles de documentos para justificar las operaciones, pero la Policía identificó facturas duplicadas e incluso triplicadas, documentos sin fechas y servicios no identificados. Todo ello apunta a una manipulación contable sistemática y deliberada para encubrir el desvío de fondos. A raíz de estos hallazgos, se ha solicitado una auditoría financiera y contable para determinar con exactitud el importe total presuntamente malversado.

La investigación también reveló un entramado de alquileres inflados. El empresario imputado, propietario de los inmuebles, habría utilizado sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, generando un sobreprecio de más de 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. Según la Policía, estos fondos fueron desviados posteriormente a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, lo que podría constituir un caso de blanqueo de capitales.