Mociones de censura

Ciudadanos ya suma 22 pactos locales con Podemos en Madrid y Murcia para desbancar a PP y Vox

Ciudadanos Andalucía
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. (Foto: EP / Cs)
Segundo Sanz

El pacto alcanzado por Ciudadanos con PSOE y Podemos el pasado marzo para desbancar al PP del Ayuntamiento de Murcia no puede decirse que fuera un hecho aislado. Contando esta plaza, los de Inés Arrimadas acumulan ya 22 pactos locales con la formación morada en la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, donde este miércoles se anunció una moción de censura en El Escorial.

A la de este municipio madrileño y la del Ayuntamiento de Murcia, hay que sumar otros 20 acuerdos a tres bandas para arrebatar a PP y Vox hasta 14 alcaldes pedáneos de la capital murciana. En cuanto a las otras seis juntas vecinales, dirigidas por Ciudadanos, el PP ya no tendrá la misma influencia.

Desde PSOE y Ciudadanos dan por hecho que estas 20 mociones de censura, alcanzado ya el compromiso, irán viendo la luz en estas semanas. Los socialistas dicen que se están buscando los perfiles que puedan asumir tales alcaldías, mientras que desde el partido naranja recalcan que si no se han presentado ya las mociones es porque han estado centrados en las negociaciones del Presupuesto municipal. Y es que Podemos está jugando también con esta baza, ya que su apoyo es imprescindible.

Entretanto, desde la Ejecutiva de Cs no han puesto impedimento a esta operación, ni han desautorizado a su vicealcalde en Murcia, Mario Gómez. En respuesta a OKDIARIO en el Congreso de los Diputados, el vicesecretario general de los naranjas, Edmundo Bal, afirmó este miércoles que esta cuestión «todavía no ha llegado a los órganos de dirección del partido», si bien enfatizó que el Ayuntamiento de Murcia -tras la moción de censura- va ahora «como un tiro».

En esta línea, Bal destacó que entre el PSOE y Ciudadanos «existe complicidad y trabajo en equipo», que se están ofreciendo «soluciones a los problemas de la ciudad» y que existe «transparencia y limpieza absoluta» respecto a los procedimientos de contratación del Ayuntamiento, una de las cuestiones por las que presentó su moción de censura de la mano de PSOE y Podemos.

Arrimadas no responde

Por su parte, la líder del partido, Inés Arrimadas, no ha dado respuesta todavía a la carta que le remitió el pasado julio el ex alcalde de Murcia José Ballesta (PP) pidiéndole que frenara estas mociones en una veintena de pedanías.

Ballesta subrayó que «estas juntas municipales, conocidas como pedanías, están funcionando desde que comenzó el mandado sin ninguna interferencia política, atendiendo las necesidades de los vecinos». «No existe ninguna razón de peso para perturbar su funcionamiento», advirtió el ex regidor a Arrimadas. De ellas, nueve están presididas por el PP, seis por Ciudadanos y cinco por Vox.

La capital murciana tiene actualmente 233.000 habitantes, mientras que las alcaldías pedáneas de Murcia afectadas por el acuerdo PSOE-Ciudadanos-Podemos representan a más de 237.000 personas.

Apoyo externo en El Escorial

A esta cifra hay que sumar los más de 16.000 habitantes del municipio madrileño de El Escorial, que también pasarán a estar gobernados por la alianza PSOE-Ciudadanos-Podemos. En este caso, la moción de censura fue presentada este miércoles contra el Gobierno local del PP, presidido por Antonio Vicente Rubio. El nuevo Ejecutivo lo formarán PSOE y Unidas por El Escorial, con el apoyo externo de Ciudadanos.

A través de un comunicado, los promotores de la moción señalaron que la firma del documento por nueve ediles supone la «mayoría absoluta» de la Corporación, por lo que el Pleno para proponer al candidato socialista, Cristian Martín Palomo, «se celebrará el 16 de septiembre».

Entre los motivos que alegan los firmantes para presentar la moción, sostienen que es «de extrema necesidad poner fin a 14 años consecutivos» del Gobierno del PP en El Escorial, que «han ocasionado la pérdida de calidad» de los servicios públicos municipales, una «opacidad y una falta de transparencia» en la gestión política y un «claro desinterés por atender los problemas» de los vecinos, esgrimen.

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