Cinco funcionarios en prácticas: así custodia Interior la única cárcel de máxima seguridad de España

Los funcionarios de prisiones denuncian una situación límite en la única cárcel de máxima seguridad de España. El centro penitenciario de Puerto I (en el Puerto de Santa María Cádiz) es un penal de primer grado que ha llegado a encontrarse vigilado por tan sólo cinco funcionarios en prácticas, que acumulaban más de 60 horas de trabajo continuadas en 4 días.

Mientras el resto de la plantilla de trabajadores se encontraba de baja, Instituciones Penitenciarias, entidad dependiente del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, gestionaba la cobertura de la seguridad y vigilancia en el interior del centro los días previos a Navidad, recurriendo a cinco funcionarios en prácticas. Esa circunstancia ha impedido que los presos siguiesen su rutina habitual y que llegasen incluso a amenazar en varias ocasiones con amotinarse.

Terroristas, asesinos, violadores, … son los reclusos de alto riesgo que conforman la población carcelaria de Puerto I, un centro con capacidad para un total de 350 internos. Se trata, además, de la prisión con mayor número de presos yihadistas, un total de 15.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, los mandos de la cárcel solicitaron refuerzos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, desde la entidad, dependiente del Ministerio del Interior, no atendieron a sus peticiones.

Los internos de la cárcel de Puerto I han amenazado con amotinarse en varias ocasiones durante los últimos días

El secretario general, Ángel Ortiz se niega a sentarse para negociar las condiciones reales de los funcionarios de prisiones y abordar un problema de falta de personal en los centros que sobrecarga a los trabajadores e incide, directamente, en el número de bajas laborales por ansiedad, estrés e incluso lesiones provocadas por agresiones de los propios internos, cada vez más frecuentes y en aumento. Entre 2012 y 2017, sólo en Puerto I, se contabilizaron un total de 45 agresiones, tal y como consta en datos aportados por ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

Reconocer la delicada situación que se vive actualmente en este penal «sería un retroceso» para los responsables políticos de prisiones, aseguran fuentes del sector a este periódico.

La situación, límite, ha llevado a los funcionarios de prisiones a presentar las primeras denuncias contra el Secretario General de Instituciones penitenciarias y los directores de varias cárceles de la Comunidad Valenciana (Alicante I) y Canarias (Arrecife-Lanzarote) por un delito contra los derechos de los trabajadores, recogido en el artículo 311 del Código Penal.

Aseguran que trabajadores en prácticas son asignados a custodia de internos para cubrir bajas. “Incluso en módulos de aislamiento de presos muy conflictivos: asesinos, violadores o pederastas” y sin contar “con la experiencia ni la cualificación” necesaria para ello, según denuncian.

La alerta del Defensor del Pueblo 

En su último informe anual, el Defensor del Pueblo exponía la falta de seguridad de las prisiones españolas y la necesidad de abordar un incremento significativo de las plantillas, especialmente en materia de vigilancia, seguridad y sanidad. El Defensor pedía también un refuerzo del personal destinado a funciones de tratamiento penitenciario.

Los funcionarios que trabajan a diario en las cárceles españolas llevan tiempo quejándose de una situación insostenible. La merma de la ratio de funcionarios, y el envejecimiento de la plantilla, cuya media supera los 50 años, han convertido sus centros de trabajo en lugares más peligrosos de lo previsible y han incrementado no sólo el número de reyertas entre los propios reclusos, sino las agresiones sufridas por los propios trabajadores.