Torra usa un artículo imaginario de la ‘Ley Mordaza’ para multar a quienes quitan lazos

Quim Torra y Elsa Artadi
Quim Torra y Elsa Artadi. (Foto: EFE)
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El presidente de la Generalitat Quim Torra ha recurrido a la tan denostada Ley Mordaza impulsada por PP (que Gabriel Rufián definió como “una de las mayores canalladas” perpetradas por el Parlamento) para perseguir a los constitucionalistas que salen a la calle a quitar lazos amarillos.

“Hoy intentamos derogar una de las mayores canalladas que ha perpetrado esa maquinaria reaccionaria que gana elecciones llamada PP. Esta ley lo que hace es permitir que fascistas confesos amenacen impunemente”, proclamó desde la tribuna del Congreso el diputado de ERC Gabriel Rufián el 20 de marzo de 2017, cuando se debatía una proposición del PSOE para derogarla.

Ahora también sirve para amenazar y perseguir a los catalanes que rechazan el proceso de independencia. Al menos según la interpretación de esta norma que hace el Govern de Torra, de un modo completamente ilegal según coinciden numerosos juristas.

El Departamento de Interior de la Generalitat, que dirige el conseller Miquel Buch, anunció el sábado que los Mossos d’Esquadra han identificado a 14 personas por quitar lazos amarillos en distintas poblaciones. Según el comunicado, la Policía autonómica ha iniciado el procedimiento para sancionarles con multas de “hasta 30.000 euros“, como posibles autores de “daños al dominio público“, de acuerdo con la Ley 4/2015.

Una interpretación abiertamente ilegal

La Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana es la norma que Podemos, el PSOE y los grupos independentistas del Parlamento han bautizado como Ley Mordaza. Presumiblemente el artículo que los Mossos pretenden aplicar para sancionar a quienes quitan lazos amarillos es el 37.13, que castiga los “daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal”.

En primer lugar, esta conducta está tipificada como “infracción leve”, por lo que en ningún caso podría dar lugar a una sanción de más de 600 euros. Peor además, distintos juristas consultados señalan que en ningún caso puede considerarse como un “daño o deslucimiento a bienes o inmuebles de uso público” quitar lazos amarillos de las calles.

Existe además el precedente de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha determinado que colocar símbolos inconstitucionales en los edificios o espacios públicos es ilegal. Esta sentencia, dictada a instancias de Sociedad Civil Catalana (SCC), determinó que debía retirarse la estelada colocada en Ayuntamiento de Sant Cugat, gobernado por el PDeCAT.

Por tanto, los responsables del Departamento de Interior que dirige Miquel Buch podrían incurrir en un delito de prevaricación si aplican una interpretación abiertamente ilegal de la Ley de Seguridad Ciudadana para multar a los constitucionalistas que quitan lazos amarillos.

Ordenó proteger la pancarta contra el Rey

Como informó OKDIARIO, un grupo de empresarios encabezado por José Manuel Opazo está ultimando la creación de un fondo financiero para asesorar legalmente y pagar los gastos de defensa jurídica de los grupos que retiran símbolos inconstitucionales de las calles, como los lazos amarillos y las esteladas.

La identificación de 14 personas por este motivo, el pasado fin de semana, no es la primera arbitrariedad que comete el conseller Miquel Buch. A instancias de la Delegación del Gobierno, en la madrugada del viernes los Mossos d’Esquadra comenzaron a retirar la enorme pancarta colocada en un edificio de la Plaza de Cataluña, con la que los independentistas pretendían denigrar al Rey Felipe VI.

La Delegación del Gobierno había advertido que esta pancarta amenazaba la seguridad de todas las autoridades y el público asistente al acto de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 17-A, pues cubría varios ventanales de un edificio elevado. Creaba por tanto un “espacio ciego de seguridad”

A través de las redes sociales, el secretario nacional de la ANC, Adrià Alsina, comenzó a denunciar que los Mossos estaban retirando la pancarta. Sin duda debió producirse una llamada, que sólo pudo hacer el conseller Puig: poco antes de las 6 de la mañana, los Mossos recibieron la contraorden de volver a colocar la pancarta y proteger el portal para impedir que nadie entrara a retirarla. Así lo reconocieron los agentes de la Policía autonómica que amenazaron con detener al empresario José Manuel Opazo, cuando subió hasta la última planta del edificio para intentar quitarla.

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