La Justicia no aceptará que sean investidos ni Sànchez ni Puigdemont

La Justicia no dejará que sean investidos ni Jordi Sànchez ni Carles Puigdemont. El preso preventivo Jordi Sànchez no podrá acudir al pleno del Parlament para ser investido presidente de la Generalitat, pese a los intentos de Roger Torrent y la reafirmación de su deseo de ser votado en la Cámara como presidente catalán. Y tampoco contará con la más mínima colaboración Carles Puigdemont en caso de llevar adelante la posibilidad que barajan sus abogados y JxCAT de pedir un permiso en Alemania para ser investido por el Parlament.

Hay que recordar que el delito de rebelión no ha sido admitido por la Justicia alemana y, por lo tanto, la inhabilitación automática para cargo público ha quedado en el aire porque no se aplica a los procesados por malversación.
La postura magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya fue plasmada al denegar la petición de Sànchez la última vez que fue solicitada. Sánchez pidió su excarcelación para acudir a la sesión plenaria y poder ejercer sus “derechos políticos”. En aquella ocasión no existía auto de procesamiento y, pese a ello, se le denegó el permiso. A raíz de esa negativa fue Jordi Turull el que pasó a primera fila para ser investido. Al final, Turull tampoco pudo ser presidente catalán por la negativa de la CUP a prestar sus votos.

El juez mantuvo ya entonces que los delitos de sedición y rebelión que se investigan se efectuaron a través de actuaciones legislativas y ejecutivas «claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”. Y consecuentemente rechazó una posible investidura.

Todo ello es equiparable a Puigdemont con una única diferencia que hace el caso aún más grave. Y es que, si no se puede mantener en prisión en estos momentos al ex presidente es porque se fugó y no ha dejado de aprovecha las lagunas legales para forzar una persecución interminable.

Ahora los separatistas pretenden aprovechar el comunicado de hace dos semanas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en favor de Sánchez para retomar el asunto.

Pero el propio Gobierno ha dejado claro que el escrito del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a «tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez puede ejercer sus derechos políticos” se ha realizado “teniendo conocimiento sólo de las alegaciones del Sr. Sànchez”, sin haberlas contrastado con las alegaciones de España. Todo ello, teniendo en cuenta que la postura del Comité no es vinculante, ni puede afectar a resoluciones judiciales.