El CNI catalán fue la Stasi del 1-O: la Guardia civil constata que pinchaba teléfonos y tumbaba webs

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont. (Foto: AFP)
Carlos Cuesta

Con el nombre oficial de Cesicat y el apodo generalizado de CNI catalán, el servicio de inteligencia de la Generalitat se convirtió en una auténtica policía secreta para tumbar webs incómodas, hacer listados de personas favorables al golpe o contrarias, interceptar teléfonos, entrar en mails privados, etc. Todo, con tal de favorecer el golpe separatista del 1-O, según las “evidencias e indicios” en manos de la Guardia Civil.

Entre los “indicios” detectados por la Guardia Civil se encuentran infinidad de prácticas ilegales que habría desarrollado este organismo. Entre esas prácticas se encuentran la “censura: actividades de censura, solicitando la eliminación de páginas web de contenido no delictivo sin que, a priori, supusieran ninguna amenaza para la seguridad de los usuarios de la red, ni relacionadas con las actividades propias ni las tareas encomendadas normativamente al CESICAT”. También la “interceptación de correos electrónicos”, la introducción de “aplicaciones de control en teléfonos móviles sin conocimiento de los usuarios”, o el “acceso a bases de datos ajenas […] sin contar, presuntamente, con permiso para ello”. Prácticas todas ellas que las fuentes relacionadas con la investigación no dudan en calificar extraoficialmente de “puramente de espionaje”. Y “centrado, aparentemente, en fines políticos y de defensa del separatismo”.

La Guardia Civil, de hecho cree que algunos de los problemas que han tenido páginas web o asociaciones contrarias al nacionalismo puede haber venido de este organismo y su poder para eliminar determinadas webs. Otra de las funciones que la Benemérita teme que se centralizaba desde este CNI separatista es la “creación de bases de datos ilegales: creación y desarrollo de bases de datos conteniendo datos personales no sujetas a regulación ni control”.

Con todo ello, la Guardia Civil tiene la evidencia de que “en ejecución de ese plan sistemático [para conseguir la independencia y crear un Estado propio] y soslayando manifiestamente la legislación vigente, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía”, tanto “la Generalitat como la Asamblea Legislativa de Cataluña” han “diseñado y puesto en marcha de forma progresiva todo un catálogo de estructuras de Estado no amparadas en por el ordenamiento jurídico (entre las que se encuentra como pieza fundamental el Cesicat, que de facto actúa ya como Agencia Nacional de Seguridad de un Estado), con la finalidad de disponer de un aparato administrativo propio que garantice su funcionamiento como Estado independiente”.

Por todo ello, además, la Benemérita confirma que la Generalitat utilizó de forma descontrolada “medios humanos y financieros” y “vastos recursos” para desarrollar una estructuras de estado y herramientas necesarias para la consecución de un objetivo que ya ha establecido el TC como inconstitucional”.

La información de la Guardia Civil confirma y amplía las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía desde hace ya año y medio. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ya en marzo de 2016 investigar el Cesicat, al que denominó como «CNI catalán», por los indicios reunidos en base a informes previos de la Guardia Civil de que este órgano creado por la Generalitat de Cataluña buscaba favorecer la independencia de esta comunidad. Los indicios fueron reunidos en un decreto firmado por el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza con fecha de 17 de marzo de 2016 a partir del cual se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O. La Guardia Civil ya entonces barajó la tesis de que, pese a que este organismo nació en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, asumió sus verdaderas funciones separatistas en 2012.

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