Bolaños arremete contra el Tribunal Supremo: su decisión ante la suspensión de la Ley de Nietos es «muy discutible»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el primero dentro del Gobierno de Pedro Sánchez en arrancar una ofensiva del Ejecutivo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto a los recién nacionalizados en cumplimiento de la Ley de Nietos. Bolaños ha señalado, a través de sus redes sociales, que la decisión del alto tribunal es «muy discutible».

El ministro hace suyos los argumentos tanto de Juezas y Jueces para la Democracia como de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cuestionan la proporcionalidad de la suspensión cautelar del derecho a voto, concedida por el reciente auto dictado por el Tribunal Supremo.

El Auto del TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente.
Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF.
Pido respetuosamente al TS que resuelva este tema antes de elecciones de 2027. El censo no puede alterarse sin base legal sólida. https://t.co/qqXNf2j6pI

— Félix Bolaños (@felixbolanosg) September 12, 2026

En su publicación en X, además de incluir los comunicados de Juezas y Jueces para la Democracia y la UPF, Bolaños reitera su petición a los jueces de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que resuelvan esta cuestión «antes de las elecciones de 2027.

Curiosamente, Bolaños utiliza el mismo argumento que los miembros de la Sección Cuarta en su auto, que justifican su decisión, entre otros argumentos, en el hecho de que «El censo no puede alterarse sin base legal sólida». El ministro entiende, por tanto, que es la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Supremo la que altera el censo.

La decisión del alto tribunal, hecha pública el pasado martes, 8 de septiembre, ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno de Pedro Sánchez, que hasta ahora, se ha limitado a manifestar que «no comparten» los argumentos del Supremo.

Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tras unos primeros días recabando información, apoyos entre el colectivo judicial y argumentos, ha hecho pública su discrepancia, apoyándose en los argumentos y el comunicado conjunto de las dos asociaciones que integran a jueces y fiscales autodenominados progresistas.