Ayuso derrota de nuevo a los sindicatos en los tribunales: esta vez a uno de educación

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, vence otra vez a los sindicatos en los tribunales de Justicia. En esta ocasión el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha descartado dos recursos de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores – Empleados Públicos (USIT-EP) en los que pedían anular un decreto de la Consejería de Educación por el que se establece la ordenación y el currículum de Bachillerato y el calendario escolar incluyendo la petición de declarar una vulneración de la libertad sindical por no haber sido consultados para negociar esos documentos.

Por una parte, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestima el recurso y condena a pagar las costas a esa entidad de profesores por impugnar el decreto de julio de 2022 por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. Reclamaban que por ley hay que ofrecer una alternativa a la asignatura de Religión a los estudiantes de Bachillerato y eso es lo que confirma la sentencia.

«Interpretando el Acuerdo con la Santa Sede, que incluye el principio de la realidad social en cada momento, podemos afirmar que en la etapa actual de bachillerato, una vez garantizada la existencia de la opción de cursar religión en los términos que se establezcan por la autoridad eclesiástica, tal opción responderá a fundamentalmente a principios básicos de libertad de conciencia, que en esta etapa vendrán definidas por la autonomía personal del alumno, por lo que la denunciada indefinición de la alternativa en ningún caso podría considerarse discriminatoria», zanjan.

Por otro lado, en otra sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJM se declara incompetente para estudiar otro recurso. Con fecha de 19 de julio de 2024, descartan valorar la demanda de USIT-EP sobre tutela de
libertad sindical dirigida contra la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Denunciaban la Orden de abril de 2024 del consejero por la que se establece el calendario escolar para el curso 2024/2025 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos.

Remiten a la jurisdicción contencioso-administrativa para, según pide el sindicato, en su caso, estudiar si procede declarar la existencia de vulneración a la libertad sindical en su vertiente al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos y declarar la nulidad radical del calendario escolar. Aseguraban que «el calendario escolar debe ser objeto de negociación también por las organizaciones sindicales representativas del profesorado de Religión o, subsidiariamente, se declare que el calendario escolar es objeto, al menos, de consulta por estas mismas organizaciones por afectar a sus condiciones de trabajo». Por último, pedían 10.000 euros en concepto de «daños morales» con el agravante de reiteración en los hechos. Por el momento no logran esas pretensiones económicas.

La Fiscalía y la propia Comunidad de Madrid pidieron desestimar la demanda precisamente «por considerar la jurisdicción social no era competente para conocer por razón de la materia sino la jurisdicción contenciosa administrativa». Finalmente la citada sección del TSJM confirma que no tiene competencia para estudiar el caso. Además, tacha de «un tanto alambicada» la demanda y señala que «hasta donde tenemos conocimiento la impugnación de las resoluciones que fijan el calendario escolar se han planteado siempre ante la jurisdicción contenciosa, y por ello en consonancia con lo más arriba argumentado, hemos de declarar la incompetencia de la jurisdicción social para conocer, sin entrar a resolver el fondo del asunto, con reserva de la acciones del sindicato demandante a ejercitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa».

El citado sindicato se dedica a interponer multitud de recursos judiciales contra la Consejería de Educación, ahora capitaneada por Emilio Viciana, y la inmensa mayoría son desestimados. Se suman a otras organizaciones de funcionarios de Sanidad y otros sectores de la Administración pública regional que tratan de conseguir en los tribunales lo que no logran negociando con el Gobierno regional.