La Audiencia respalda al juez Castellón: podrá investigar si Tsunami planificó atentar contra Felipe VI

La Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del juez instructor del caso Tsunami Manuel García-Castellón de investigar si ese grupo violento independentista tenía como objetivo atacar al Rey Felipe VI durante su visita a Barcelona en julio de 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona. Según un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, consultado por OKDIARIO, el tribunal ha rechazado el recurso presentado por la defensa de la investigada Marta Molina, señalando que las diligencias ordenadas el 26 de enero no constituyen una investigación prospectiva.

El juez tiene en su poder una serie de conversaciones que mantuvo uno de los investigados, el empresario Josep Campmajó, a través de la aplicación Wire con una persona con el nombre de usuario Xuxu Rondinaire, que en catalán significa perro gruñón, del que se sospecha que podría ser un miembro de los Mossos d’Esquadra. En el informe de la Guardia Civil apunta a que la intencionalidad de Tsunami de organizar protestas violentas contra el Rey cuando usan palabras como «Guardia R» que, «con toda probabilidad, haga referencia a la Guardia Real», indica el juez.

Además de indagar sobre la posible acción durante la visita del Rey en 2020, el juez también solicitó información sobre los ataques en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, el fallecimiento de un ciudadano francés en esa fecha, y los cortes en la autopista AP-7 entre el 11 y el 13 de noviembre.

La Sala recuerda que las leyes prohíben recurrir la decisión del juez instructor de llevar a cabo cualquier diligencia de investigación. Por el contrario, sólo se puede apelar la negativa a practicar diligencias solicitadas por una de las partes.

En respuesta al argumento de la defensa de Molina sobre una investigación prospectiva, el tribunal afirma que el objetivo del juzgado es profundizar en el conocimiento de los hechos, donde hay personas perjudicadas y una posible intención de causar daño. En esta línea, el tribunal también se pronuncia sobre la muerte del ciudadano francés en El Prat y los cortes en la autopista AP-7, afirmando que las diligencias acordadas son adecuadas para el proceso.

La Sala destaca la diferencia entre la perspectiva global que tiene el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, debido a la naturaleza de los delitos que investiga, y la visión más limitada de los juzgados territoriales, que archivaron causas ligadas a esos hechos. En base a esta consideración, respalda las investigaciones del juez instructor.

Posición de la Fiscalía

Otra novedad en el caso pasa por un nuevo escrito del fiscal. El encargado por el Ministerio Público del caso ha criticado de nuevo al juez instructor por «falta de rigor». Esta crítica surge después de que el juez, el 4 de marzo, ordenara a la Policía proporcionar información sobre el presunto viaje a Barcelona entre 2014 y 2019 de espías rusos especializados en sabotajes. Según el fiscal Miguel Ángel Carballo en un informe, esta diligencia se basa únicamente en noticias periodísticas y va más allá del alcance del procedimiento en curso.

El informe fiscal dice que la solicitud de diligencia, presentada por los abogados de los policías y admitida por el juez, no sólo se refiere a hechos anteriores a la apertura del procedimiento, sino que tampoco están relacionados con la investigación actual sobre Tsunami. El Ministerio Público apoya un recurso presentado por la defensa de Marta Molina contra esta diligencia, argumentando que las noticias periodísticas no constituyen prueba válida.

Carballo continúa expresando su desacuerdo con el instructor, especialmente en lo que respecta a la posible conexión de los hechos con el delito de terrorismo y la ampliación de la causa a Carles Puigdemont. Además, se opone a la inclusión de otro policía, Gonzalo Salado Valdivieso, en el caso, ya que no hay evidencia que vincule a los investigados con las lesiones sufridas por el agente de policía.

La decisión del juez de solicitar información sobre los espías rusos se basó en una petición del despacho Fuster-Fabra Abogados, que argumentó la falta de informes policiales sobre estas operaciones encubiertas. El despacho solicitó a la Policía Nacional que proporcionara cualquier información disponible sobre siete espías rusos que presuntamente viajaron a Barcelona durante ese período.

Estas acciones se enmarcan en el contexto de las denuncias sobre las presuntas injerencias rusas durante el proceso independentista en Cataluña, que también involucran al expresidente catalán Carles Puigdemont. Además, el Parlamento Europeo ha pedido recientemente más investigaciones tanto a nivel interno como en España sobre estas conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin.