Las asociaciones de fiscales exigen la dimisión de García Ortiz: «Ha perdido completamente su autoridad»

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales han solicitado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio», señala APIF en una nota de prensa emitida este miércoles.

El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el fiscal general del Estado después de que la pareja de la líder del PP de Madrid le acusara de revelación de secretos. La querella hacía alusión a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Esas conversaciones se producían en medio de una investigación por supuesto fraude fiscal del demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota. Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

Desde APIF subrayan que la imputación del fiscal general «da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal». Ésta es la normativa que rige la actuación del Ministerio Público. Y abundan que «es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito».

La asociación insiste en que, una vez que se le ha atribuido «el estatuto de investigado», a su juicio, «ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público». «No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto», aseveran. Y señalan la gravedad de que puedan «dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto».

A su vez, la asociación ha solicitado modificar el estatuto para añadir un precepto para que se pueda cesar al fiscal general «cuando se siga un procedimiento penal contra él».

La Asociación de Fiscales ha expresado su «preocupación» por la situación judicial del máximo representante del Ministerio Público, algo que nunca había ocurrido a un fiscal general en la historia. Aunque admiten que existe presunción de inocencia para García Ortiz, argumentan que «no puede mantenerse en el cargo» por la «dignidad de la carrera fiscal». La organización recuerda que «la institución es garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos».

La imputación del fiscal general tiene un impacto «intolerable» en la institución, según la asociación. Y aseguran que la apertura de una investigación judicial genera una «crisis reputacional» en el Ministerio Público. Ante ello, consideran que «sólo cabe una opción» que es la dimisión para que «no comprometa la imagen de la institución».

La asociación de fiscales ha subrayado que la imputación del fiscal general abre «una crisis sin precedentes» que podría evitarse «si dimite del cargo», tal y como ha adelantado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en una conversación con El Mundo.