La asociación que acusa al policía infiltrado está subvencionada por Belarra y Colau con 432.433 euros

La asociación que acusa al policía infiltrado está subvencionada por Ione Belarra y Ada Colau con 432.433 euros. Las generosas ayudas del Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Derechos Sociales son las que permiten al colectivo Iridia y a sus abogados querellarse contra el policía nacional infiltrado entre grupos antisistema y separatistas de Barcelona, o trabajar como acusación contra los 45 policías nacionales procesados por los incidentes del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

El tándem Colau-Belarra se halla entre los principales benefactores del colectivo de abogados y han aportado prácticamente la mitad de la cifra de subvenciones públicas que con las que las administraciones públicas han regado a Iridia en lo últimos seis años. Mientras el Ayuntamiento de Barcelona no ha faltado ni un sólo año a su cita para subvencionar a Iridia, con un total de 290.278 euros desde 2016, el Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030 ingresó una única pero abultada subvención de 142.155 en el año 2021.

Desde 2016 el colectivo responsable de la querella de las cinco mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con el policía infiltrado ha recibido 1.020.206 euros de diferentes organismos públicos. Su principal patrocinador es la Agencia Catalana de Cooperación, que en los dos últimos años les ha entregado 337.686 euros. En segundo lugar, figura Ada Colau, con un total de 290.278 euros públicos. El tercer lugar, es para el Gobierno catalán con 160.837, y el cuarto, el ministerio de Ione Belarra con 142.155.

Es el propio colectivo Iridia el que explica en su página web sus fuentes de ingresos, ya que al figurar y definirse como «Asociación sin ánimo de lucro receptora de subvenciones y contrataciones públicas y donaciones» está obligada a hacerlo por ley. De hecho, durante el año 2022 las ayudas públicas sufragaron más de la mitad de su presupuesto anual cercano a los 700.000 euros. Las contrataciones por servicios prestados o las donaciones, no llegan a cubrir ni el 20% del presupuesto anual del colectivo, que se sostiene en gran medida gracias a los fondos públicos.

A ese dinero público hay que añadir los fondos percibidos por el colectivo en función de contrataciones con organismos públicos, ya no como subvenciones, sino por trabajos o campañas.

El destino de todos estos aportes económicos es, según la propia asociación que se define como Centro de Defensa de Derecho Humanos, «la promoción en Cataluña de la defensa de los derechos humanos, en especial los civiles y políticos». Lo que incluye, según explican en su web, «elevar los estándares de protección de derechos humanos en relación con la violencia institucional, el racismo y las migraciones, la memoria histórica, la privación de libertad y el derecho a la protesta».