La asesora de Podemos presumía de colaborar con la Universidad de Granada en temas de infancia

María Sevilla, la presidenta de la asociación ‘Infancia Libre’ y asesora de Podemos detenida por el secuestro de uno de sus hijos, como reveló OKDIARIO, presumió durante años de ser experta en temas sobre violencia a menores en el ámbito familiar. Aprovechando su cargo accedió a distintos foros institucionales, invitada siempre por el partido de Pablo Iglesias, como el Congreso, el Senado, la Asamblea de Madrid o el Parlamento andaluz. En una de esas comparecencias, en el Congreso -en 2017-Sevilla aseguró haber firmado un acuerdo con la Universidad de Granada para la investigación de casos de abusos.

«La asociación es de ámbito nacional pero nos hemos trasladado a Andalucía porque vamos a hacer un estudio sobre unos indicios que aparecen en todos los casos de todos nuestros niños y nuestras niñas, en todos y en cada uno de ellos. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Granada para hacer una investigación», afirmó la arrestada, ahora en libertad con cargos.

La materia de especialización de la asociación de Sevilla -una entidad con apenas seguimiento en redes sociales y mucho menos destacada que otras que se dedican a temas de infancia- era, concretamente, los abusos sexuales a menores en el ámbito familiar. Su organización, detalló, había recibido 170 casos, con testimonios demoledores, algunos de los cuales ella misma expuso en la Cámara.

Entre las medidas que propuso entonces estaba, por ejemplo, dedicar un día al abuso sexual en colegios e institutos o realizar un registro de casos, a nivel estatal. O establecer la orden de alejamiento del padre sin necesidad de condena.

Contra los servicios sociales

En la misma comparecencia, cargó con dureza contra los equipos sociales, a los que consideró «un gran enemigo para los niños y las niñas» que habían sufrido este tipo de violencia por, opinó, su falta de «especialización en la infancia ni tampoco en abuso sexual ni maltrato infantil». También aprovechó la intervención para criticar la «violencia machista» en los juzgados y reclamar sanciones para los padres que, en sus escritos a la Justicia, descalificaban a las madres «llamándolas maltratadoras, dolidas, resentidas o delincuentes».

Sevilla creó su asociación en 2015, y durante un tiempo, se estableció en Andalucía, concretamente en Granada. Allí, como reveló El Mundo, firmó un convenio con Podemos Granada, para la realización de un estudio sobre abuso sexual intrafamiliar.

Aunque, como reveló OKDIARIO, la vinculación de la presidenta de ‘Infancia Libre’ con Podemos era evidente. Sevilla ejercía como asesora del partido de Iglesias en violencia contra los menores y numerosas de sus peticiones fueron incorporadas por los de Iglesias en sus propuestas legislativas y en el trabajo parlamentario. Así, por ejemplo, Podemos se encargó de elevar al Ejecutivo, entonces de Mariano Rajoy, una serie de preguntas planteadas por Sevilla, para recabar una serie de datos sobre la temática.

Con Podemos y el PSOE

En 2017, Sevilla fue invitada a la Comisión de Políticas Sociales y Familia del Congreso, donde realizó las declaraciones comentadas, y también al Senado. Además estuvo en la Asamblea de Madrid -donde se fotografió con dirigentes del PSOE, como la diputada Carla Antonelli, y en el Parlamento andaluz. En redes, la asociación dejó además constancia de su afinidad con las políticas de Podemos, haciendo ‘retuit’ a intervenciones parlamentarias de varios de sus dirigentes.

No es la primera ocasión que la Universidad de Granada aparece vinculada a un caso polémico. Hace unos días, OKDIARIO reveló que la asesora de Juana Rivas -la mujer condenada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores- imparte clases sobre igualdad. En concreto, Francisca Granados es profesora titular de la asignatura ‘Género y políticas de igualdad en el ordenamiento laboral’, dirigida a alumnos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del grado de Derecho y Ciencias Políticas.

En 2018, el Colegio de Abogados de Granada se querelló contra Granados acusándola de intrusismo profesional. Ella alegó que la querella estaba «instrumentalizada».