El asesor de Sánchez en fosas confiesa la farsa de la ley de «memoria»: «Es una cuestión política»

Francisco Etxeberria, forense asesor del Gobierno de Pedro Sánchez para las exhumaciones, ha reconocido abiertamente que la llamada «memoria democrática» es una «cuestión política». Una afirmación que delata la intención ideológica del Ejecutivo con sus polémicas medidas, recogidas en la ley que esta semana ha sido aprobada de manera definitiva.

«Los que nos han estado tratando de acusar de algo durante estos años nos decían que esto lo hacíamos por cuestión política. Voy a decir que sí, ¿y qué? Si es así, ¿cuál es el pecado? ¿O no es por cuestión política por lo que les mataron, por lo que todavía quedan fosas comunes? ¿Qué tontería es esta? ¡Pues claro!», exclamó Etxeberria durante su intervención en la charla Fosas y exhumaciones de la Guerra Civil: ciencia y técnica al servicio de la Historia, organizada por la Universidad de Soria.

El experto de Sánchez en políticas de «memoria» aseveró que esa «dimensión política» de la «memoria histórica» -ahora llamada «memoria democrática»- es «totalmente legítima» aunque «algunos no se quieren enterar». Asimismo, instó a «no ser neutral» en cuanto a las «vulneraciones de derechos humanos» porque la «neutralidad es la excusa para no hacer nada». En este contexto, lo comparó, por ejemplo, con la atención médica a una mujer que alegue malos tratos. «A ti te toca, por ser el médico, atender este caso, no puedes escabullir el bulto». «En tanto que hay víctimas que tienen derecho a la verdad y la memoria, los demás tenemos deberes», aseveró. En otro momento, Etxeberria incluso explicó: «Vengo del País Vasco y he hecho no sé cuantísimas autopsias de todos los follones que hemos tenido en los últimos 50 años».

La ley de la llamada «memoria democrática» superó este miércoles su último paso parlamentario en el Senado. PP, Vox, Ciudadanos y UPN presentaron cuatro enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas por el Pleno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha comprometido a derogar la ley en cuanto gobierne.

La norma ha salido adelante gracias al apoyo decisivo de Bildu tras comprometerse Sánchez a crear una comisión que estudiará posibles vulneraciones de derechos humanos hasta finales de 1983, es decir, ya bajo el gobierno de Felipe González. El propio ex presidente socialista criticó que no le sonaba bien el texto.

La ley entrará en vigor próximamente, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre sus medidas, se renombra el Valle de los Caídos -que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros- y se procederá a la exhumación de Primo de Rivera y Queipo de Llano.

13,9 millones

El Gobierno contará el próximo año con 13,9 millones para sus políticas de «memoria», según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Esa partida de tres millones, irá destinada, entre otros, al proceso de exhumaciones, a «continuar el proceso de resignificación democrática en el Valle de los Caídos», así como proceder a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del banco de ADN a nivel nacional.

Además, el Gobierno prevé realizar una auditoría de las incautaciones producidas durante la Guerra y la Dictadura, un inventario de bienes y derechos incautados, sanciones económicas, expolio de obras de arte, papel moneda y Ateneos e instituciones similares, según lo acordado con sus socios. La norma incluye por primera vez el derecho de las víctimas a la «reparación económica».

Asimismo, desde Presidencia está previsto avanzar en la creación de un Centro Estatal de Memoria Democrática; realizar un concurso de ideas para el Valle de los Caídos o elaborar un Inventario Estatal de Lugares de «Memoria Democrática».