Los alcaldes tumban en la Justicia el bloqueo de Ximo Puig a hacer PCR a los profesores

El PP de Isabel Bonig lleva pidiendo desde julio al Gobierno socialcomunista valenciano que haga test al personal docente

Ximo Puig
El presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig; el consejero de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà; y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. (Foto: Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba de dar un varapalo a Ximo Puig por sus restricciones a la realización de test PCR a los profesores en el inicio del curso escolar en la Comunidad Valenciana y en pleno avance de la segunda ola de coronavirus. La Justicia ha permitido al Ayuntamiento de Torrevieja hacer test a los docentes, pese a los obstáculos decretados por el Gobierno socialcomunista de la Comunidad Valenciana.

Se trata de un nuevo y grave traspiés en la política errática del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, esta vez, con respecto a los test PCR a los docentes de la región.

El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rectificado a Puig y ha dado la razón al Ayuntamiento de Torrevieja y a su alcalde, el ‘popular’ Eduardo Dolón, para permitirle hacer test a los docentes del municipio. El Partido Popular valenciano y su presidenta, Isabel Bonig, llevan desde el mes de julio pidiendo al Gobierno valenciano (PSPV-Compromís-Podemos) que haga test al personal docente antes del inicio de curso para garantizar una vuelta segura a las aulas.

Sin embargo, Puig y su consejera de Sanidad, Ana Barceló, se han negado desde el inicio. Y no sólo eso, además negaron la posibilidad de hacer las pruebas a los ayuntamientos que se ofrecieron, enviándoles una carta y advirtiéndoles de que carecían de competencias.

En el caso de Torrevieja, el Ayuntamiento recurrió la negativa del Gobierno valenciano y ahora el TSJCV le ha dado la razón. De hecho, las pruebas han comenzado a realizarse esta semana en el municipio alicantino.

La política de Ximo Puig desde el inicio de la pandemia del Covid-19 ha estado plagada de rectificaciones. El presidente valenciano tardó en dictar la orden para que la mascarilla fuera obligatoria en la calle, y no lo hizo hasta que la medida se tomó en otras comunidades autónomas. Sucedió lo mismo con la prohibición de fumar, que adoptó después de que lo hiciera el popular Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

Como no hay dos sin tres, la realización de los test a los docentes no ha roto esa tendencia de desconcierto y hace tan sólo mes y medio, Puig afirmaba que las pruebas PCR «generarían una falsa sensación se seguridad» -pese a que sí se están haciendo en otras comunidades autónomas y, por ejemplo, de forma plena en la Comunidad de Madrid sobre el colectivo de profesores-.

Pero ahora, con la rectificación del Tribunal Superior a Ximo Puig, el Gobierno valenciano se ha visto forzado a realizar un nuevo cambio de rumbo, y ahora su consejero de Educación, el nacionalista de Compromís Vicent Marzà, ha afirmado que «sería bueno hacer cuantas más pruebas mejor y lo más rápido posible para tranquilizar a la gente». «Es lo que hemos puesto siempre encima de la mesa y a lo que Sanidad se ha comprometido», llegó a decir Marzà, para sorpresa de docentes, familias y sindicatos que lo llevan reclamando semanas ante la negativa rotunda de Puig y los suyos.

Lo cierto es que, al final, ha tenido que ser la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV la que ha mantenido la suspensión cautelar de la resolución de la Conselleria de Sanidad que prohibía al Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) hacer test para detectar Covid-19 a docentes.

La resolución, de 1 de septiembre, y dictada por la Dirección General de Investigación y Alta Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad del Gobierno de Ximo Puig, desautorizaba la realización de test serológicos entre el personal docente destinado en los centros educativos de Torrevieja para la detección de casos Covid.

Hechos y alegaciones

Tras estudiar los hechos y alegaciones, según consta en el auto, facilitado por el tribunal valenciano, los magistrados entienden que la iniciativa del Ayuntamiento de Torrevieja «no parece que suponga perturbación grave de los intereses generales ni de terceros», además de no implicar «desembolso alguno» para las arcas públicas.

También explican que, aunque el personal docente no tenga relación estatutaria con el Consistorio, desarrolla en gran medida su actividad en «edificios e instalaciones en los que existe desplegando sus funciones personal municipal».

La propia sección cuarta del TSJCV ya acordó suspender cautelarmente la ejecutividad de la resolución de la Conselleria el 11 de septiembre, en un auto anterior que estimaba el recurso del Ayuntamiento de Torrevieja y daba a la Generalitat Valenciana tres días para presentar alegaciones.

En respuesta a esas alegaciones, la Sala recuerda ahora que no puede valorar en este incidente cautelar el fondo del asunto, es decir, la capacidad jurídica del Consistorio para poner en marcha su iniciativa. Igualmente, destaca que la resolución cuestionada en este procedimiento no es la propia iniciativa municipal, sino la resolución de la Dirección General de Investigación de 1 de septiembre que la desautoriza.

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