Una acusación del ‘caso Koldo’ pide que declaren Armengol, el ministro Torres y la riojana Andreu

La acusación popular de Liberum, impulsora del caso Koldo, ha pedido al juez Ismael Moreno que cite como testigos al ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; a la ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francine Armengol; y la ex presidenta de La Rioja y actual secretaria general del PSOE en esa región, Concha Andreu. El objetivo es esclarecer detalles sobre la adquisición de test PCR durante la pandemia vinculada a una trama que también gestionó adjudicaciones públicas millonarias para la compra de mascarillas.

El escrito de Liberum, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se basa en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que esta organización criminal «también se benefició de la relación de Víctor de Aldama —el presunto intermediario— con el Ministerio para vender test de detección del Covid».

Según la UCO, esta operación se llevó a cabo a través de la empresa Fertinvest Consulting, que junto con su socio Eurofinsmegalab «realizó test a la población en general y mantuvo contratos con empresas públicas y privadas para el mismo propósito». Liberum destaca que con esta petición se suma a los argumentos de Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas, que previamente había solicitado la declaración de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares.

Para la citada acusación, «el método utilizado por la supuesta organización criminal fue el mismo que se aplicó en la venta y adquisición de test PCR y antígenos por parte de las autoridades de las comunidades autónomas de Canarias, Baleares y La Rioja».

Así, además de adherirse a la solicitud de comparecencia de Armengol y de la ex consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez Picart, también pide las declaraciones de Concha Andreu, su ex consejera de Salud, Sara Alba Corral; el ex subdirector general de Coordinación Socio Sanitaria de La Rioja, Rubén Vinagre; Ángel Víctor Torres y su ex consejero de Sanidad, Blas Trujillo.

Cuentas del Zamora

Por otra parte, este viernes el instructor del caso ha decidido levantar el embargo preventivo de las cuentas del equipo de fútbol Zamora CF, después de confirmar que Víctor de Aldama, uno de los principales investigados y presunto intermediario en la trama, ya no tiene ninguna relación con ese club castellano y leonés.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ordena notificar esta decisión a la Caja Rural de Zamora, donde se encuentran las cinco cuentas bloqueadas y otros productos financieros del equipo. El juez recuerda que el bloqueo se impuso en febrero, en el marco de la operación Delorme, como parte de las medidas cautelares dirigidas a asegurar posibles responsabilidades económicas, que afectaron a diversas personas y entidades.

En junio, el Zamora CF solicitó personarse en la causa y pidió el levantamiento del embargo sobre sus cuentas. Tras consultar con la Fiscalía, el juez ha accedido a la solicitud, al comprobar que De Aldama «no posee acciones de la sociedad» ni forma parte de su Consejo de Administración. «Desaparecida, por tanto, la vinculación del investigado Víctor Gonzalo de Aldama con la sociedad titular de las cuentas en cuestión, procede (…) acceder a la petición planteada», concluye el juez.

Instrucción en el Supremo

Por otro lado, la acusación popular de Hazte Oír, personada en el caso Koldo, ha solicitado a la Audiencia Nacional que eleve por completo la causa al Tribunal Supremo, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez a pedir al alto tribunal que investigue al exministro José Luis Ábalos por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones vinculada a adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas durante la pandemia.

En el escrito, al que ha tenido acceso EP, Hazte Oír argumenta la «inescindibilidad» de los hechos investigados, lo que justifica, según ellos, «la elevación de exposición razonada al Tribunal Supremo de todas las actuaciones que conforman las diligencias previas». Cabe destacar que el juez Moreno aún no ha elevado dicha exposición razonada al Supremo, ya que la Fiscalía Anticorrupción se pronunció sobre este asunto esta misma semana.

La plataforma se apoya en jurisprudencia del Supremo, recordando que en casos anteriores se ha permitido que el alto tribunal asuma la competencia sobre hechos relacionados con personas no aforadas cuando existe una «conexión material inescindible» con imputados que sí tienen esa condición.

Hazte Oír subraya que estas resoluciones del Supremo indican que la necesidad de un enjuiciamiento conjunto se justifica cuando no es posible alcanzar una resolución sobre el objeto del proceso sin un análisis integral de las actuaciones de todos los implicados y de las intenciones detrás de ellas.

La plataforma también afirma que en este caso «concurren los indicios cualificados» requeridos, citando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presenta «evidencias digitales» que, según ellos, demuestran que el exministro Ábalos «utilizó su posición para favorecer los negocios de la organización criminal a cambio de compensaciones».

Hazte Oír esgrime que Ábalos «organizó la contratación» de la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión SL, para dos adjudicaciones de compra de mascarillas por un valor de 32,5 millones de euros. En total, los contratos obtenidos por la empresa alcanzaron los 53 millones.

El informe de la UCO también señala que Ábalos era conocido dentro de la trama como ‘El Jefe’, y que facilitó reuniones y gestiones de alto nivel para la organización criminal. Según la UCO, Ábalos habría recibido como compensación una casa en Cádiz valorada en 578.500 euros —aunque no a su nombre—, así como la cobertura de los gastos de la vivienda de su pareja por un total de 82.298,40 euros. Hazte Oír también menciona que el exministro contrató a esa mujer a través de INECO y, cuando su contrato estaba por expirar, facilitó su contratación en TRAGSATEC, empresa dependiente de la SEPI.