Una acusación del ‘caso Begoña’ pide a Peinado que se impute un sexto delito: prevaricación

El sindicato Manos Limpias, que con su denuncia inició el caso Begoña Gómez hace casi dos años, ha asegurado este jueves que considera «precipitado» que el juez Juan Carlos Peinado quiera llevar el procedimiento hacia un tribunal del jurado popular, al entender que «faltan diligencias» esenciales por practicar. Ha presentado un escrito de alegaciones consultado por OKDIARIO en el que pide que se añada un posible delito de prevaricación a los investigados.

El abogado Víctor Soriano cuestiona varios de los delitos que Peinado investiga. La organización no encuentra «motivos siquiera indiciarios» del delito de intrusismo profesional. Asimismo, ha señalado que el de apropiación indebida de marcas «no se encuentra tipificado como tal» y ha rechazado el de corrupción en los negocios, argumentando que ese precepto «tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares» y no a relaciones con organismos públicos.

Malversación

No obstante, la organización ha compartido «plenamente» que existen indicios de malversación y tráfico de influencias en la causa. El problema, a su juicio, reside en que la comisión de esos delitos hace «imprescindible el concurso del delito de prevaricación -no investigado-, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado».

Sobre ese punto, el escrito de Manos Limpias añade que «no se han practicado suficientemente diligencias de instrucción» en relación con la prevaricación, y avanza que las «propondrá». La organización sostiene que, una vez practicadas, ese delito «impediría por conexidad la continuación del procedimiento por los cauces del jurado», lo que en la práctica obligaría a reconducir todo el proceso hacia otro tribunal.

La acusación popular que lidera Miguel Bernard ha salido así al paso de las informaciones que la presentaban como una formación que había rectificado su postura en el caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una nota de prensa difundida este jueves, la organización ha negado tajantemente haber «reculado» en su posición y ha reivindicado su papel central en el origen de la causa judicial. «Decimos que es precipitado porque faltan diligencias por practicar», ha afirmado sobre la competencia del tribunal del jurado.

La solicitud llega un día después de la comparecencia en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, en la que el juez instructor comunicó a todas las partes -defensas, Fiscalía y acusaciones populares- su intención de volver a encauzar el procedimiento por la vía del jurado popular. Esa decisión ya había sido bloqueada en febrero por la Audiencia Provincial de Madrid, que entonces argumentó que la decisión no estaba suficientemente explicada con los correspondientes argumentos jurídicos.

En su escrito, Manos Limpias también se ha desmarcado del resto de acusaciones populares por «divergencia de postulados» y ha pedido al juez que le permita actuar de manera autónoma, sin quedar bajo la tutela de HazteOir, que ejerce actualmente la dirección letrada del bloque acusador.

Fiscalía y defensas piden el archivo

La Fiscalía y las defensas de los tres investigados reclamaron este miércoles a Peinado que archive el caso. Los abogados de Begoña Gómez, de su asistenta en el Palacio de la Moncloa Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés insisten en dar carpetazo a la investigación.

Peinado emitió un auto el pasado 20 de marzo en el que afirmó que «se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado». El magistrado argumenta que Begoña Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno» para «impulsar su proyección profesional» en la Universidad Complutense de Madrid.

Curiosamente, la propia Manos Limpias ha pedido en su escrito el archivo provisional de la causa para Cristina Álvarez, al considerar que «no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria» en el delito de malversación.

La causa, que se encuentra en fase de instrucción con más de 10.000 folios repartidos en 25 tomos y más de 40 declaraciones recabadas, abrió en abril de 2024 tras la denuncia de Manos Limpias. Otras acusaciones han solicitado al juez nuevas diligencias, entre ellas el historial laboral completo de Begoña Gómez.

El juez Peinado tiene ahora en su mano una decisión que condicionará el desenlace de uno de los procesos judiciales más mediáticos de la legislatura. Y, en este contexto, la paradoja es la siguiente: la organización que encendió la mecha de todo este proceso hoy quiere ser lo más rigurosa posible para evitar que los 10.000 folios queden en papel mojado.