El abogado de Puigdemont acusa al Supremo de prevaricación: «Es la crónica de una sentencia anunciada»

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, letrado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, ha insistido en que el proceso que se sigue contra los líderes del ‘procés’ no es «judicial», sino «político» ya que no se ha producido «ningún delito» y lo que se pretende es «dar un escarmiento a quienes osan desafiar al Estado». En esta línea, dejando caer una velada acusación de prevaricación, Cuevillas ha afirmado que el juicio en el Supremo es «la crónica de una sentencia anunciada», que será «condenatoria» e «injusta».

ANC Euskal Herria ha celebrado este sábado en Bilbao un coloquio bajo el lema ‘Cataluña: Juicio a la democracia’, en el que han participado, además de Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, el cantante Lluís Llach, el empresario Jaume Roures y la abogada de la plataforma Erabakizaleak/Decisionistas, Irantzu Perello.

La abogada de esta plataforma de juristas ha abierto la mesa redonda censurando que el ‘procés’ se haya «judicializado», a pesar de ser «político», lo que está llevando a «una gran inseguridad jurídica a los juristas». Perello ha asegurado que el referéndum de 1 de octubre de 2017 fue «totalmente legal».

En la misma línea, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol ha remarcado que no se ha producido «ningún delito» porque la celebración de referéndums se «sacó» del Código Penal. Tras indicar que «lo que pasa es que nos enfrentamos a un Estado herido en su orgullo», ha criticado que, aunque el proceso judicial al que se enfrentan los líderes catalanes independentistas en el Tribunal Supremo «se vista con muchas puñetas», no es «un proceso judicial», sino «político».

Según ha indicado, «se busca dar un castigo, un escarmiento a esos que han osado a desafiar al Estado y, de paso, un aviso a navegantes para catalanes, para vascos, para que nadie más ose desafiar al Estado».

A su entender, el juicio se está desarrollando con el «guión» previsto y con un presidente del tribunal, Manuel Marchena, que está «luchando contra un calendario imposible», que ya lo era antes de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria anticipada de elecciones generales y que ahora lo es «mucho más».

Según ha indicado, pese a las «buenas formas» iniciales de Marchena, «cada día vemos más un desequilibrio de tratamiento» entre unas partes y otras» y el juicio es «la crónica de una sentencia anunciada», que va a ser «condenatoria», basada en el escrito de acusación y «notoriamente injusta».

El abogado ha añadido que, tras presentar recurso de amparo en el Estado, los acusados podrán «ir a Estrasburgo» y este tribunal, «al cabo de un par de años, nos dará con toda probabilidad la razón». En cualquier caso, ha esperado en que, «antes de que llegue la sentencia de Estrasburgo, habrá llegado una solución política que hará que desde Cataluña esa sentencia la veamos por el canal internacional».

El mérito de la contradicción

Por su parte, Lluis Llach ha remarcado que el «mérito» del proceso catalán es que «ha puesto en contradicción al Estado», que ha calificado como «fundacionalmente pervertido». «Estamos luchando contra un estado corrupto y, en realidad, estamos luchando por derechos democráticos elementales», ha indicado.

Llach, que ha criticado la utilización del poder judicial como «brazo armado» de un estado «corrupto», ha afirmado que, con independencia de que «gobierne la izquierda o la derecha, quien gobierna de verdad es este Estado».

Por ello, ha opinado que, «si confiásemos en la buena fe de algunos políticos», lo que «realmente les impide conformar unas actitudes más democráticas es el propio estado» porque «es quien manda». «Estamos luchando para explosionar el Estado», ha añadido.

Finalmente, el empresario Jaume Roures ha criticado el papel, en este proceso, de los medios de comunicación que «defienden el relato el Estado».