El abogado de los Franco sitúa la demanda del Pazo de Meirás en un "acoso y derribo" de Sánchez

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La Abogacía del Estado ha denunciado en los juzgados de A Coruña a la familia Franco por "posesión irregular" del Pazo de Meirás. Foto: EFE

El abogado de la familia Franco ha enmarcado la demanda presentada por el Gobierno en funciones reclamando la devolución del Pazo de Meirás en la "estrategia de acoso y derribo" ejercida por Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo español contra los nietos del dictador.

Luis Felipe Utrera Molina, que ejerce la defensa de los Franco, se ha expresado así en declaraciones a Europa Press. El letrado ha echado en cara al Gobierno su "falta de cortesía" por haber filtrado a la prensa la demanda interpuesta por el Juzgado de A Coruña antes de que sus clientes tuviesen conocimiento de la misma. "La han recibido antes que mis clientes, lo cual es una cierta descortesía por parte del Gobierno que debería haber esperado a que mis clientes tuvieran conocimiento de la misma", ha recalcado el letrado.

En este sentido, Utrera Molina ha asegurado que los nietos del dictador Franco tienen la "absoluta tranquilidad de que cualquier demanda que ponga en duda la legitimidad de la titularidad del pazo está encaminada a ser absolutamente desestimada". "No tenemos ninguna duda", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que esto podría suponer que el "Estado tendrá hacer frente a las costas del procedimiento".

Por todo ello, el abogado ha insistido en la "falta de elegancia" y ha enmarcado la presentación de la demanda en la "estrategia de acoso y derribo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la familia Franco. "Es una batalla de Gobierno en la que ha decidido que es su enemigo y nos defenderemos con todas las armas que nos da la ley", ha concluido.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno Central, ha registrado una demanda basándose en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. El texto confirmaría que el contrato de venta a Franco, suscrito tres años después, fue "fraudulento" porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.

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