Una abogada de Iglesias está detrás de la asociación que denunció a la fiscal Consuelo Madrigal

La abogada de Pablo Iglesias Elena Vázquez Núñez se esconde detrás del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda-Red de Abogados/as Demócratas (FAI-RAD) que ha denunciado a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y que ha conllevado la apertura de una investigación interna contra la fiscal en el organismo que dirige la ex ministra socialista Dolores Delgado. Esta letrada presentó el pasado 10 de mayo un escrito ante el Ministerio Público en el que solicitaba que se le abriera un expediente disciplinario a la fiscal del Tribunal Supremo porque, según la abogada de Iglesias, había publicado una columna de opinión en un medio de comunicación en el que «censuraba determinadas decisiones del Gobierno y cuestionaba la aplicación del estado de alarma en la pandemia del Covid-19».

En ese momento se desconocía el vínculo existente entre el vicepresidente del Gobierno y la asociación de abogados de izquierda que ha denunciado a la fiscal que propuso –junto a sus compañeros Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena– condenar a los independentistas catalanes por rebelión en el 1-O. Sin embargo, OKDIARIO lo ha descubierto al tener acceso a la querella presentada por el líder de la formación morada contra el ciudadano Miguel Frontera por manifestarse frente al casoplón y para el que pide una condena de hasta 14 años de prisión para este vecino por seis delitos.

En el escrito aparece la rúbrica de la letrada Elena Vázquez Núñez que actúa en representación de Pablo Iglesias. Esta abogada no ha defendido al vicepresidente en otros procesos judiciales como, por ejemplo, en el caso Dina. Tampoco forma parte del equipo jurídico que defiende a Podemos en la causa que instruye el juez Juan José Escalonilla por presunta malversación y en la que tiene imputado al partido como persona jurídica, ni aparece como representante de los podemitas Juanma del Olmo, Daniel de Frutos, Rocío Vals y Andrea Deodato, investigados en la causa que se sigue en el Juzgado 42 de Madrid. Es la primera vez que aparece públicamente el nombre de Elena Vázquez Núñez en un escrito relacionado con el secretario general de Podemos.

La letrada de Iglesias

Elena Vázquez es una abogada especializada en el área de extranjería y protección internacional. Licenciada por la Universidad Autónoma, tiene un máster en Migraciones, Asilo y Relaciones Intercomunitarias. Es presidenta del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas desde 2018, cuando abandonó dicho cargo el abogado y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, hoy diputado por la formación morada.

El Foro FAI-RAD (Abogados y Abogadas de Izquierda-Red de Abogados/as Demócratas) considera que Madrigal podría haber incurrido en una falta grave tipificada en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) tras publicar una columna de opinión en El Mundo. Según esta asociación, la fiscal podría haber vulnerado el artículo 63.12 que prohíbe «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición».

Sin embargo, esta prohibición a la que hace referencia el Estatuto de la Fiscalía se refiere exclusivamente a las manifestaciones realizadas en el ejercicio de las funciones como fiscal, pero no afectan a las opiniones personales en las que el sujeto no actúa como representante de la institución, según fuentes judiciales consultadas por este periódico.

Iglesias ante el CGPJ

La abogada de Pablo Iglesias se escondió también detrás de esta asociación de abogados progresistas para apoyar a su jefe y líder podemita ante el Consejo General del Poder Judicial y atacar al órgano de gobierno de los jueces.

Una treintena de juristas, entre los que se encontraba el ex juez Baltasar Garzón, firmó un manifiesto en el que calificó de «interferencia inadmisible en un Estado de Derecho» el comunicado institucional con el que el órgano de gobierno de los jueces reprochó la actitud impropia de un vicepresidente que atacó al Poder Judicial.

El CGPJ respondió con un duro comunicado a las críticas realizadas por Iglesias, que cuestionó la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras condenar a 19 meses de prisión a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por agredir a la Policía.

El órgano presidido por Carlos Lesmes recordó en su comunicado que los Juzgados y los Tribunales «han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas black, etcétera)».