La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Jr y 4 para su hermano Josep

La Abogacía del Estado solicita para el primogénito del ‘clan de los Pujol’, Jordi Pujol Ferrusola, una pena de 25 años de cárcel, mientras que para su ex esposa, Mercé Gironés interesa 17 años y medio, y para Josep la pena de cuatro años de prisión por la gestión de su patrimonio. Los delitos que les imputa son los de falsificación en documento mercantil, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y frustración a la ejecución.

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, no se dirige sin embargo contra todo el ‘clan’, es decir, el expresident Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos; sino que sólo se piden penas de cárcel para el primogénito, para su ex mujer y para Josep Pujol, además de solicitar también condenas para diez empresarios.

Concretamente, la Abogacía considera a los tres citados autores de un delito de falsificación en documento mercantil para el que se piden tres años de prisión y multa de 60.000 euros, además de su inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.

El delito más grave es el cometido contra Hacienda, para Jordi Pujol se solicita un total de 15 años, tres por cada uno de los ejercicios en que defraudó que son los de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, y multa por el triplo de la cuota defradudada. La pena, de imponerse, supondrá pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de tres años por cada uno de los delitos.

Para su ex mujer reclaman por estos fraudes un total de 7,5 años de cárcel, 18 meses por cada delito y multa de 150 por ciento de las cuotas defraudadas y también pérdida de posibilidad de subvenciones. Para Josep, por el fraude a Hacienda en 2010, 18 meses de cárcel y la misma multa y penalidades que a su ex cuñada.

Por blanqueo se piden para Jordi Pujol cinco años de cárcel, y multa por la cuota defraudada en los ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2006 e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por dos años. Por estos mismos ejercicios solicitan para su ex mujer también cinco años de cárcel. Finalmente por el delito de frustración a la ejecución se interesa para cada uno de ellos otros dos años de cárcel y otros 54.000 euros de multa.

Respecto de los empresarios para los que la Abogacía del Estado solicita cárcel por falsificación son concretamente Françes Rober Ribes, Bernardo Dominguez Cereceres, José Barrigón, Gustavo Buesa, Josep Mayola, Luis Delso, Carlos Sumarroca, Josep Cornado, Alejandro Guerro, Carlos Villarrubí, para cada uno de los cuales se solicitan dos años de cárcel y multa de 60.000 euros, y la misma inhabilitación que a los Pujol.

«Prevaliéndose» del cargo de president

El relato de los hechos plasmado por la Abogacía del Estado es similar al realizado por la Fiscalía, por cuanto afirma que «a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol ostentó como presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003)», para repartirlas entre los miembros del clan sin tributar por ellas.

Seoane atribuye al primogénito y a su madre «la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos», si bien recuerda que esta última ha sido exonerada po rel juez instructor debido a su estado de salud. La defensa presentó un informe médico según el cual padece una «severa demencia».

Andorra era clave en la operativa de los Pujol. De acuerdo con la Abogacía, la familia tenía varias cuentas en bancos del principado donde hacían «continuos ingresos en efectivo», a los que seguían «sistemáticos repartos del dinero» entre las distintas cuentas, bien por transferencia, bien en efectivo. «Lo habitual es que Jordi Pujol Ferrusola fuera el receptor inmediato de las grandes sumas» y después las canalizara hacia los demás.

En una primera etapa, los movimientos de dinero del clan se circunscribieron a Andorra, pero poco a poco cobraron peso «actuaciones transnacionales, dirigidas a garantizar la máxima opacidad, moviendo estos capitales a otras jurisdicciones, algunas de ellas consideradas ‘offshore’, o procediendo a su colocación en negocios en terceros países».

Así, la Abogacía apunta a un «uso sistemático de mecanismos ilícitos de compensación internacional, con plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana», por el cual los continuos ingresos en cuentas del dinero en efectivo que los investigados tenían en España fue a parar a sus posiciones financieras, eludiendo los controles implementados para regular la salida de divisas del territorio nacional.

El informe menciona en su mayoría cuentas bancarias de la familia, pero también observa ingresos directos de dinero en metálico a cuentas de terceros, así como a la «utilización de cualificados profesionales o expertos en la creación de estructuras comerciales para proceder al afloramiento de este dinero obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios legales, asegurando el éxito de sus actividades».

Actuación «sincronizada»

El informe describe una actuación organizada por la que «toda la familia procedió a abrir simultánea y sincronizadamente cuentas en un paraíso fiscal (Andorra), para ir distribuyendo el patrimonio obtenido ilícitamente». Esas cuentas en Andbank funcionaron «durante años» pero, en un momento dado, siguiendo las instrucciones del hermano mayor, las cancelaron mediante reintegros en efectivo para no dejar rastro y la mayoría de ellos las volvió a abrir en BPA.

En un paso más, «varios de ellos, otra vez organizadamente –y de acuerdo aparentemente con los responsables de la entidad bancaria–, adquirieron sendas estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales (fundaciones ‘off-shore’ dependientes de sociedades ‘off-shore’ gestionadas por testaferros), con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda».

Finalmente, en 2014, cerraron estas estructuras fiduciarias. Algunos, indica la Abogacía del Estado, regularizaron su situación tributaria con la amnistía fiscal, incluido Jordi Pujol Ferrusola, aunque «de forma incompleta e inexacta», al tiempo que continuó, incluso con la investigación judicial en marcha, la estrategia de ocultar sus fondos, escondiéndolos esta vez en México.

La Abogacía llama la atención sobre el papel desempeñado por Mercé Gironés como titular nominal de las «sociedades meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio», que se usó para ocultar este dinero al fisco español.

El informe de la Abogacía se conoce un mes después del escrito de acusación de Anticorrupción, en el que sí interesaba cárcel para todos los miembros del clan de los Pujol excepto para la matriarca. En concreto, pedía 9 años de cárcel para el expresident y hasta 29 para su primogénito, y, añadía a los delitos el de organización criminal o asociación ilícita. Para el resto del ‘clan’ las penas solicitadas van de los 17 años a los ocho.