El Gobierno evitó hablar de la cosoberanía con Reino Unido: «Gibraltar vendrá por la ley de la gravedad»

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó expresamente tratar la cuestión de la cosoberanía de Gibraltar en las negociaciones celebradas hasta ahora sobre el Brexit. La relajación del Ejecutivo socialista en la última fase, y crucial, de las conversaciones para la ruptura con el Reino Unido provocó el desenlace conocido: que, pese a las afirmaciones de Sánchez, el acuerdo no incluye ningún compromiso con valor jurídico de que España tendrá poder de decisión en el futuro del Peñón.

La cesión histórica viene de meses atrás, en una negociación en la que el Gobierno no aprovechó para reclamar la soberanía española. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, lo reconoció el pasado octubre en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. En respuesta a la diputada del PP Concepción de Santa Ana, que le reclamó que no dejase pasar la oportunidad, Borrell respondió que su apuesta era «tender puentes» con Gibraltar hacia «soberanía compartida, pero no ahora». El ministro añadió a continuación una afirmación llamativa: que «si Reino Unido se va de la UE, Gibraltar se va a aproximar a España porque la ley de la gravedad existe». 

Entonces aseguró también que Gibraltar no sería un «problema» en las negociaciones sobre la ruptura, aunque aseveró que el Peñón «sale de la UE cuando se vaya Reino Unido» porque es «el país que ejerce su representación exterior». 

«Tenemos 20 meses por delante»

Borrell apostó entonces por negociar el futuro del Peñón en las conversaciones futuras. «Tenemos 20 meses por delante para hacerlo», dijo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido también desde Bruselas al asunto, aunque de puntillas. Preguntado sobre si a partir de ahora se reclamará esa cosoberanía, Sánchez ha afirmado que «no hay que adelantar escenarios» y ha supeditado la cuestión a la «voluntad» de «pertrecharse con todas las garantías para la negociación futura».

«Si esto ha sido difícil, lo que viene ahora lo es aún más, no sólo para España, sino para el conjunto de la UE», ha esquivado. Según Sánchez, ahora «estamos en una posición de fortaleza que no habíamos tenido nunca». Sin embargo, no ha sabido decir cuándo tratará la peliaguda cuestión con la primera ministra británica, Theresa May -que insiste en que Gibraltar es británico y que eso «no cambiará»: «Vamos a empezar a hacer el camino, no desvelemos todo», solo acertó a decir el jefe del Ejecutivo.

Sánchez renunció incluso a negociar las líneas rojas que había marcado el Gobierno de Rajoy, como el control del aeropuerto

En definitiva, una falta de ambición que truncó un marco irrepetible para que España pusiese sobre la mesa sus reclamaciones sobre Gibraltar.

En su momento, el entonces ministro José Manuel García -Margallo lo planteó y admitió que la salida de Reino Unido era una «oportunidad única» y no vista desde el Tratado de Utrecht. Su sucesor, Alfonso Dastis, relajó las reclamaciones, aunque sí incluyó algunas líneas rojas, como la gestión compartida del aeropuerto, que Sánchez renunció también a negociar en las últimas conversaciones. Un nuevo signo de apatía en la reclamación sobre la soberanía del Peñón. El pasado 18 de octubre, el propio jefe del Ejecutivo aseguraba que Gibraltar «no va a ser un problema para el Brexit». 

España renuncia a decidir sobre el Peñón

Este sábado, Sánchez aceptó el acuerdo -que amenazó con bloquear, pese a carecer de poder de veto- tras dar por buena una declaración política que no cambia absolutamente nada ni compromete a Reino Unido a tener en cuenta a España en las decisiones sobre Gibraltar.

El presidente del Gobierno acepta así una carta del embajador británico en la UE, Tim Barrow -un puesto de «bajo» nivel- sobre la interpretación del polémico artículo 184, pero que no tiene ningún valor legal. En ella se indica que el acuerdo no obliga a que la relación futura entre Reino Unido y la UE se aplique a Gibraltar, pero tampoco todo lo contrario. Viene a decir que el Gobierno británico «toma nota» de que el artículo en cuestión «no impone ninguna obligación sobre el alcance territorial de futuros acuerdos». Por supuesto, tampoco se menciona a España. Y es más, añade que Reino Unido «negociará los acuerdos futuros en nombre de todos los territorios para los que es responsable de sus relaciones externas». Es decir, como venía haciendo con Gibraltar. En definitiva, el artículo 184 se mantiene.

Sánchez ha dado por buenas dos declaraciones políticas que no comprometen absolutamente a nada al Reino Unido: el artículo 184 se mantiene

Sánchez acepta también otra declaración política firmada únicamente por los 27 y la Comisión Europea en la que se afirma que ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplicará a Gibraltar, salvo que tenga el visto bueno de España. Sin embargo, es solo eso, una declaración política, sin ninguna validez legal y, en la práctica, condicionada a la buena voluntad del Reino Unido.

El artículo 184, incluido a última hora, compromete sobremanera el papel de España en las futuras relaciones entre Reino Unido y la UE. «La Unión y el Reino Unido pondrán su mejor empeño, de buena fe y respetando sus respectivos ordenamientos jurídicos, para adoptar las medidas necesarias con el fin de negociar sin demora los acuerdos que deben regir su relación futura mencionada en la declaración política (fecha por especificar) y llevar a cabo los procedimientos de ratificación o conclusión de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final de la transición», se indica. La redacción excluye por completo a España, y su capacidad para decidir en lo que se refiere al Peñón.

Ello, pese a que, en abril de 2017, se dejó claro que «una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido».

Desde la oposición se ha criticado la «cesión histórica»  en el tema de Gibraltar. Según el líder del PP, Pablo Casado, se ha «malogrado» una ocasión para exigir la cosoberanía del Peñón.