Ofensiva de Podemos contra los jueces: quiere vetar por ley que den conferencias

Podemos quiere endurecer el régimen de incompatibilidades para los jueces, limitando su participación en actos que estén organizados, directa o indirectamente, por entidades privadas. 

Así consta en una proposición no de ley presentada por la formación de Pablo Iglesias en el Congreso, en la que se insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Podemos pide una reforma de la Ley del Poder Judicial que limite a los jueces, incluso jubilados, para dar ciertas charlas

Según la propuesta de Podemos, esa reforma afectará al régimen de incompatibilidades de los jueces, tanto los que estén en activos como «después de dejar la carrera judicial», que verán limitada su participación «en actividades organizadas directa o indirectamente por entidades privadas». El partido lo justifica «en orden a conservar el carácter y la apariencia de imparcialidad y velar por la confianza pública en la Justicia».

En este contexto, la formación morada considera que la actual legislación es «excesivamente laxa» en materia de incompatibilidades, lo que permite a los jueces y magistrados que colaboren con entidades privadas «y desempeñen funciones» que el partido estima «incompatibles con el ejercicio de la judicatura antes de acceder a ella o después de dejarla».

La Ley no contempla esa incompatibilidad

La Ley del Poder Judicial únicamente establece como incompatibilidades el ejercicio de otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial, el cargo político, los empleos de la Administración del Estado, Cortes, Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras, los empleos de todas las clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional, la abogacía, el asesoramiento jurídico y el ejercicio de toda actividad mercantil.

Además, en lo más directamente relacionado con la propuesta de Podemos, «con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas».

El Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial permite además la participación de los jueces en seminarios, cursos o conferencias así como medios de comunicación sin necesidad de autorización. 

Según Podemos, «esta regulación legal favorece la presencia habitual de altos representantes del poder judicial en diversas actividades públicas de diversa índole, que cuentan con el patrocinio -cuando no son directamente publicitarias- de entidades vinculadas a la gran empresa en general y al mundo financiero o jurídico en particular».  «Además, cada vez son más habituales las ayudas directas de estas grandes empresas en estudios y publicaciones participadas por dichos representantes del mundo judicial, las organizaciones de seminarios y congresos en lugares especialmente ostentosos y privilegiados o la convocatoria de charlas, conferencias, ruedas de prensa y otras actividades públicas, retribuidas por entidades privadas», estima la formación.

El partido cita, por ejemplo, el ejemplo del juez Luis Díez-Picazo, cuyo voto fue determinante en la polémica sentencia de las hipotecas, y que, dice Podemos, compaginó entre los años 2015 y 2017 su labor como magistrado del Tribunal Supremo con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, una escuela de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca, «actor interesado en el referido pleito en torno a este impuesto», considera Podemos.

Publicar las dietas y cortesías

La formación morada estima que también es «alarmante» la «práctica generalizada de conferencias de jueces y magistrados organizadas por empresas privadas», como, cita, la de Llarena en los concesionarios del BMW en Oviedo, en febrero, donde el juez afirmó que los dirigentes independentistas «no son presos políticos» y explicó la decisión de no solicitar a Suiza la extradición de Anna Gabriel (CUP).

Podemos critica que se trate de actividades «cuyo contenido retributivo permanece en la máxima opacidad». Y por ello, dice, entra en «aparente» contradicción con «los principios de ética judicial».

El partido propone obligar a los magistrados a rendir cuentas, informando «como mínimo» de las dietas «y cortesías» que reciben por su participación en esos eventos, «la identificación de las entidades responsables de la organización y del patrocinio de la misma y el calendario detallado de actividades».