El Congreso rechaza la reforma del PP para que gobierne la lista más votada

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han rechazado hoy en el pleno la reforma de la ley electoral propuesta por el PP para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos por ser «oportunista» y «electoralista» y por no respetar la pluralidad política.

Todos los partidos, salvo UPN, ha expresado su negativa a tramitar la proposición de ley defendida por el PP que plantea que se otorgue la mayoría absoluta de concejales a quien gane con el 35 % o más de votos y cinco puntos de ventaja sobre el segundo o con el 30 % o más y diez puntos de diferencia.

De no darse esos supuestos, propone celebrar una segunda vuelta a la que puedan concurrir todos los partidos que hayan obtenido el 15 por ciento de los votos.

Tras esa segunda vuelta se daría también la mayoría absoluta de concejales a quien logre el 40 por ciento de los apoyos o quede primero con al menos siete puntos de diferencia sobre el segundo.

El resto de los escaños se repartiría siempre según los resultados de la primera vuelta.

Se establecería así de un sistema mixto, que concede una mayoría reforzada pero que también apuesta por una doble vuelta si no se cumplen los requisitos.

La diputada del PP Ana Isabel Alós ha defendido la toma en consideración de este proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) ante el Pleno del Congreso, al que han asistido más de medio centenar de alcalde madrileños para respaldar la iniciativa.

Alós ha reclamado sin éxito el apoyo del resto de grupos para debatir una propuesta de reforma que busca impedir el «secuestro» de la voluntad popular con «componendas» en los «despachos», facilitar la gobernabilidad y reforzar la legitimidad del alcalde.

La diputada ha buscado el consenso para una iniciativa que, ha recordado, el PP se negó a aprobarla cuando tenía mayoría absoluta y cuya entrada en vigor ha dejado abierta.

Se trata, ha resumido, de una reforma no partidista que «solo puede dar miedo a quien crea que no puede obtener el apoyo mayoritario de los votantes»

Excepto Carlos Salvador, de UPN, que se ha mostrado dispuesto a debatir la reforma, ningún otro diputado ha aceptado los argumentos dados por la diputada del PP.

Por el PSOE, Susana Sumelzo, ha dicho que la propuesta es «inadecuada», «inoportuna» y «demagógica» y pone de manifiesto que «la derecha tiene un problema» ante las elecciones municipales del próximo año y ha criticado que, en lugar de asumir sus errores, achaquen su pérdida de votos al sistema.

Ha negado que la iniciativa busque la gobernabilidad y la estabilidad de los ayuntamientos y ha acusado a los populares de tratar de cambiar unilateralmente las reglas de juegos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Alicia Ramos, de Unidos Podemos, para quien el PP «una vez más, se retrata como lo que es: un partido centralista al que le gusta poco la democracia».

Ha hablado de proposición «pataleta» y «rencorosa» y ha señalado que se nota que los populares siguen instalados en el «imaginario del bipartidismo».

Ignacio Prendes, de Cs, ha acusado al PP de intentar modificar el sistema electoral por la vía rápida ante la proximidad de las municipales y ha emplazado a los populares a una reforma «justa, igualitaria y modernizadora» consensuada en el seno de la subcomisión que ya existe en el Congreso para mejorar la LOREG.

Joan Tardá, de ERC, ha rechazado la propuesta por «oportunista» y por su «baja calidad democrática» y ha defendido el pluralismo político como sinónimo de «riqueza».

También ha defendido la legitimidad de los pactos el diputado del PNV, Mikel Legarda, al afirmar que «la solución cuando no se tiene mayoría absoluta no es un cambio de modelo para obtenerla, sino pactar».

Jordi Xuclá, del PDeCAT, ha coincidido en que los ayuntamientos tienen que representar la proporcionalidad y pluralidad de la voluntad de los ciudadanos, mientras que Enric Bataller, de Compromís, ha dicho a los populares que si quieren ganar, «pasen página a la corrupción, limpien las listas electorales, abandonen despotismo (…) y no vacíen las arcas municipales».